Petropar publicó una solicitud a través de la cual pretendió desacreditar las publicaciones periodísticas que desnudaron un nuevo intento de desfalco a esta deficitaria empresa por más de G. 8.625 millones (US$2,1 millones) en concepto de retiro voluntario a favor de una veintena de funcionarios privilegiados.

En su intento por defender lo indefendible, deslizó que la pérdida patrimonial acumulada de la estatal asciende hoy a US$ 170,7 millones, mientras que semanas atrás la Fiscalía de Delitos Económicos sobreseía definitivamente al titular de Petropar en dos causas por lesión de confianza, entre ellas la de la millonaria sobrefacturación a Vitol SA (de casi US$2 millones), supuestamente porque “estas compras no generaron daño económico y porque Petropar “registró superávit”.

Entre las “argumentaciones” del fiscal Sergio Alegre, y la evidente complicidad de su predecesor, el fiscal Eduardo Cazenave, hoy suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa Camilo Soares, en la que se observaron maniobras similares a las realizadas en el caso Petropar, refiere que “el Ministerio Público pudo corroborar en la memoria anual 2009 de Petropar, en la que obra el balance anual y el informe de la auditoría independiente hecha a la empresa, que la entidad generó en el ejercicio 2009 una utilidad de G. 272.986.845.589, con lo que se puede corroborar que la operación no generó daño alguno a la empresa (...)”.

Sin embargo, en la solicitada que publicó ayer la estatal, explica que la diferencia patrimonial fue de US$ 337,7 millones al 31 de mayo de 2009, y al 30 de junio de 2011 de US$ 170,7 millones, con lo que se observa el blanqueo hecho por la Fiscalía para “salvar” al titular de Petropar de dos juicios orales: en el caso de la sobrefacturación pagada a la proveedora Vitol SA por compra de combustible y en el de la exoneración del alquiler de Petropar a PDVSA.

“Retiro voluntario”

Con relación al “retiro voluntario” también hay importantes contradicciones, porque al tiempo de destacar que se trata de un instrumento previsto en la ley y un derecho de los trabajadores (nadie discutió eso), y que la resolución emitida al respecto estableció los procedimientos administrativos correspondientes, dijeron después que “no lo ejecutaron en lo más mínimo”, con lo que admiten que iban a pagar y solo tras la filtración no lo hicieron. Además, si no hubo intento de pago de favores, ¿por qué iban a indemnizar a los funcionarios si muchos estaban a punto de jubilarse? Si todo estaba bien, ¿por qué lo ocultaron?