Según un informe detallado de las últimas deudas ilegales contraídas con PDVSA, que evidencia que Petropar seguía realizando compras de gasoíl en la modalidad prohibida por Contrataciones Públicas, por no ajustarse a la ley. El pasivo se infló, no pueden pagarlo y, en consecuencia, el interés moratorio se multiplica.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del Paraguay había prohibido a Petropar, por Resolución Nº 480/10, del 24 de marzo de 2010, el empleo de la modalidad DES (producto puesto en Villa Elisa con el flete incluido) para la adquisición de combustibles, porque con ello se violaba la Ley de Contrataciones Públicas y el Acuerdo Energético de Caracas. La suscripción de dicha resolución le había costado el cargo al entonces director de la entidad, Juan Max Rejalaga. Esta operación, en la que tanto insiste Petropar, beneficia a un grupo naviero que habría financiado parte de la campaña electoral del presidente Lugo, en 2008, y que se encuentra encabezado por el argentino Andrés René Guzmán, de la naviera Fluviomar/Conosur, que también mantiene negocios con el gobierno venezolano de Hugo Chávez.

Pese a la prohibición legal, la petrolera estatal siguió utilizando la citada modalidad de flete, según puede observarse en el documento que informa detalladamente la deuda ilegal con PDVSA que acompañamos en esta página, y que forma parte del pasivo generado solo por las operaciones ilegales, posterior a la referida resolución de Contrataciones, que fue dictada en marzo de 2010. Así puede leerse en el documento que los combustibles fueron cargados en junio, julio, agosto, setiembre y octubre, para la denominada “reserva estratégica”, que es el “disfraz” que utilizan en Petropar para encubrir la provisión prohibida del DES, con el supuesto “argumento” de que “beneficia al país”. Si realmente es así, de que sus tarifas son bajas y convenientes para el Estado, ¿por qué este grupo naviero no compitió en licitaciones públicas como exige la ley?

Incumpliendo las normativas vigentes, Petropar siguió importando gasoíl con dicho sistema y se generó el pasivo ilegal de US$ 16.991.703, que la estatal ahora no puede abonarle a PDVSA porque no posee código de contratación, por tratarse justamente de una compra no autorizada por Contrataciones Públicas.

Al respecto cabe señalar que esta institución es la encargada de habilitar los pagos a los proveedores del Estado, mediante la emisión de un código de contratación, y en este caso no lo puede emitir por tratarse de una operación ilegal, por lo que dicho pasivo continúa inflándose con los altos costos de interés y de la moratoria. Hasta ahora, los abultados intereses moratorios ya superan los US$ 225.000 y cuyo pago viene reclamando PDVSA.

La pregunta obligada es cómo es posible que los organismos de control del Estado como Contraloría, auditoría del Poder Ejecutivo, etc., o el mismo Parlamento dejan que se desangre al país de esta forma.