La Fundación Parque Tecnológico de la Itaipú binacional (PTI), lado paraguayo, se creó en el 2009, durante la administración del liberal Carlos Mateo Balmelli.

Inicialmente tenía un presupuesto que rondaba los US$500.000, enfocados para financiar becas y trabajos de investigación científica relacionados al tema energético. Estuvo al frente de la fundación el también liberal Calixto Saguier.    

Pero cuando asumió el izquierdista Gustavo Codas como titular de la binacional, nombró a Rocío Robledo al frente de la fundación y a partir de allí aumentaron de una manera significativa los recursos asignados al PTI, al punto de alcanzar los US$35 millones (de mayo de 2010 a diciembre de 2011).    

Estos números surgen de los documentos obtenidos y se trata de copias de los convenios y acuerdos firmados entre la binacional y la fundación.   

El PTI también funciona en el lado brasileño, pero a diferencia del paraguayo, tiene convenios con universidades brasileñas para capacitar a jóvenes en las áreas de tecnología e investigación y se incuban empresas de consultoría y servicios de vanguardia, además de hacer evaluaciones de ingeniería para la Itaipú.   

Sin embargo, la directora del lado paraguayo sostiene que en Paraguay se sigue la misma dinámica que el de Brasil, en cuanto a asignación de recursos y proyectos.

Por ejemplo mencionó el de seguridad alimentaria para el cual se destinaron US$3 millones y consiste en la asistencia de víveres y herramientas de trabajo para comunidades campesinas e indígenas.

El principal cuestionamiento a la cantidad de recursos destinados al PTI tiene que ver con la manera en que dichos fondos son controlados, a fin de que no sean utilizados en forma discrecional.

Al respecto, Robledo dijo que cuando se va a dar un desembolso por parte de la binacional, existe un convenio previo firmado en el que consta la forma de rendición de cuentas. Es decir, el PTI rinde sus gastos a la Itaipú.

Como los gastos sociales. Durante la administración del colorado Víctor Bernal, las denuncias hacen referencia a que se utilizaban los mal llamados “gastos sociales” para disponer de millonarios fondos y gastarlos sin ningún tipo de control y con fines estrictamente políticos.

Si bien el gobierno de Fernando Lugo y el mismo Codas anunciaron que estos gastos sociales se someterían al Congreso, es decir, se incluirían en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, con el PTI han encontrado la manera de asignar millonarios recursos sin la necesidad de que los mismos pasen por algún tipo de control.

Según fuentes de la propia entidad, el director actual  Efraín Enríquez Gamón, estaría con la intención de auditar la fundación, precisamente por las denuncias de millonarios desembolsos.