Asunción- Los exponentes del sector naviero local aseveran que en la Argentina existe una suerte de “poder paralelo”, creado por autoridades aduaneras y portuarias junto con dirigentes sindicales, al margen del propio Gobierno argentino, con el afán de recaudar y, al mismo tiempo, dificultar al máximo el tránsito de las embarcaciones con pabellón paraguayo.

Al respecto, cabe recordar que el presidente de la República, Fernando Lugo, reclamó en la última cumbre del Mercosur, llevada a cabo en Montevideo, la eliminación de las restricciones no arancelarias que, según expresó, constituyen un perjuicio al proceso de integración. Pero de ahí a que se atienda el reclamo hay un largo trecho, dicen.

En esa oportunidad, Lugo pidió además que se cumpla el compromiso de no aplicar nuevas medidas, aduciendo que Paraguay es un país sin litoral marítimo y que necesita mejorar su comercio y ser previsible ante la región y el mundo.

Firmeza. De acuerdo con la opinión de navieros paraguayos, el Gobierno debe mostrarse firme en esta idea, para exigir realmente a la Argentina el fin de todas las trabas no arancelarias que sufren los transportistas fluviales paraguayos en ese país, provenientes tanto de autoridades de mando medio del país vecino como de sindicalistas, por ejemplo Omar Suárez, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), enemigo declarado del Paraguay.

Los armadores compatriotas reclaman a la presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner, quien es ahora presidenta pro témpore del Mercosur, que haga realidad lo que sostuvo en Montevideo, donde afirmó que en el seno del organismo de integración regional se debe tener una visión que vaya más allá de lo puramente comercial, tomando al Mercosur como un instrumento “para apoyarnos porque nuestra obligación es que a toda la región le vaya bien”.

A contramano. Señalan que a contramano a la retórica propalada por la jefa de Estado argentina, un grupo de funcionarios intermedios de las distintas reparticiones, Prefectura General Naval, Dirección de la Marina Mercante, al que quiso sumarse la Aduana, “está atentando” contra la soberanía comercial del Paraguay. Desde el año pasado el Paraguay viene sufriendo ataques sistemáticos en cuanto a la navegación. Los convoyes paraguayos tienen inconvenientes y sobrecostos para operar en aguas argentinas.