Caracas. Cuando hace un año el presidente Hugo Chávez anunció la transferencia del sector briquetero (fabricación de ladrillos) al estado, los empresarios vinculados al área creyeron que, con la creación de la Corporación Socialista del Hierro y el Acero, la industria estaría bajo la égida de ese organismo y englobada en las políticas de producción del país.

Pero un año después nadie se explica por qué el gobierno tomó esa decisión el 22 de mayo de 2009 y posteriormente entregó las empresas a los sindicatos oficialistas, que ahora se denominan Control Obrero.

Desde entonces, todas esas industrias que generaban puestos de trabajo e ingresos para el estado por la vía de los impuestos y productos necesarios para el acero están paralizadas.

Chávez, en cadena nacional de radio y televisión desde los patios de Ferrominera Orinoco, anunció el traspaso de Matesi, Comsigua, Orinoco Iron, Venezolana de Prerreducidos Caroní (Venprecar) y Cerámicas Carabobo, entre otras, al control del Estado.

"Nacionalícese". "El sector briquetero, nacionalícese; no hay nada que discutir", expresó en aquella oportunidad el mandatario nacional desde Ciudad Guayana.

"Estas empresas tienen que estar bajo el control obrero. Así tiene que ser", dijo el mandatario y agregó: "Hace tiempo que andamos en esto y hace tiempo debimos hacerlo".

De acuerdo con los representantes sindicales, los empleados de las firmas que pasarían al Estado en esa ocasión no habían cobrado en seis meses y por eso le solicitaban al gobierno la intervención, debido a los retrasos en los pagos.

Un año después no sólo las empresas no producen sino que los trabajadores no cobran y han tenido que recurrir a la protesta para llamar la atención de quienes dirigen los destinos de Guayana y del país.

Todas estas empresas producen insumos necesarios tanto para Sidor que, por ejemplo, debió realizar una operación de compra de 3.672 toneladas de briquetas a Venprecar y a Orinoco Iron debió comprarle 7.389 toneladas de ese mismo producto.

El precio de la briqueta está por el orden de los 277,50 dólares la tonelada.

Matesi en el limbo. Esta empresa es propiedad en 49% de Techint, y en 50% del Estado venezolano. Formó parte de la negociación de privatización de Sidor, en 1998. Luego de la reestatización de la siderúrgica, Matesi pasó a un limbo jurídico y sus trabajadores también.

En este momento está paralizada y hacerla operativa cuesta 50 millones de dólares.

Los que saben de producción de briquetas dicen que eso no tiene sentido.

Los trabajadores cobran lo básico, debido a que el Estado tiene que inyectar los recursos por razones de justicia social. El sindicato pidió en infinidad de ocasiones que se estatizara.

Productora Orinoco Iron. Cuando el gobierno la nacionalizó, la empresa estaba a tres meses de iniciar una parada para mantenimiento mayor.

Tenía en producción sólo una de las cuatro líneas, por razones de mercado: la crisis financiera mundial y habían bajado las compras de insumos.

Es la mayor productora de briquetas de América y posiblemente del planeta, pues puede producir hasta 2 millones de toneladas.

En el mercado nacional vendía 30% de la producción y el resto era exportado.

Cuando el ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, realizó una inspección a la planta, dictaminó que ésta era la más grande y la que contaba con más tecnología, y por ello el Estado haría una inversión para mejorar la producción.

Venprecar y Comsigua. Venprecar continúa produciendo sin inconvenientes, aunque bajo la égida del Estado; y Comsigua está paralizada.

La segunda empresa es una sociedad con la Kobe Steel y Ferrominera Orinoco. De todas las empresas nacionalizadas hace un año, ésta enfrenta problemas debido a los choques entre los sindicatos y los propietarios. La situación ya había llegado a los tribunales cuando el Estado asumió la dirección de la empresa.

En Cerámicas Carabobo se producen refractarios para todos los procesos de producción, tanto en acero como en aluminio, y es más costoso importar el bloque de refractario que producirlo en el país.

Los trabajadores pensaron que su suerte iba a cambiar, pero un año después han tenido que recurrir a una huelga a las puertas del edificio administrativo de la Corporación Venezolana de Guayana, para solicitar trabajo y pagos pendientes.

La vicepresidenta de la CVG, Haydée Valenzuela, recibió una comisión de trabajadores y en nota de prensa informó que la corporación apoya el proceso de estatización, y que la comisión de transición se mantiene activa en Refractarios Orinoco.

Dijo Valenzuela que entre los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo están el pago de los pasivos y el inicio de las operaciones de la planta en el corto plazo.

Sin embargo, a los trabajadores no les satisfizo esa respuesta y se mantienen firmes con la huelga de hambre.

Hace un mes se estructuró la nueva comisión de transición, que está presidida por el vicepresidente de Desarrollo Industrial de la CVG, José Luis Colmenares, e integrada por el gerente general de Promoción Industrial de CVG, Orlando Mode, así como también por funcionarios de Asuntos Legales y de Recursos Humanos de la corporación.

También participan empresarios de Cerámicas Carabobo y los trabajadores representados por Leandro González.

Proceso transparente. Valenzuela agregó que hay factores que pueden incidir en este proceso y que, incluso, pueden catalogarse de burocracia, como lo señalaron los mismos trabajadores durante la protesta.

No obstante, aclaró la vicepresidenta ejecutiva que "hay razones de fondo que nos obligan a actuar de esta manera, apegados a la ley y a las normas. Podemos simplificar la forma pero no el fondo, y para que un acto tenga validez hay que cumplir con los procedimientos establecidos".

Informó Valenzuela que a la fecha se ha implementado el mecanismo para llegar a un arreglo amistoso con propietarios de las empresas, lo que garantizaría el inicio de las operaciones y de las inversiones requeridas.

Acciones más drásticas. Leandro González, miembro del sindicato y de la comisión de transición, declaró que el pasado miércoles tomaron las instalaciones para exigir la entrega de los recursos aprobados por el Presidente de la República, el 15 de mayo.

Llegaron a un acuerdo para levantar esa acción, pero ante la falta de resultados o propuestas por parte de la CVG, se declararon en huelga de hambre indefinida.

Señaló que las declaraciones de la vicepresidenta de la CVG son más de lo mismo, pues no da soluciones. "Estamos pidiendo que el ministro de Planificación, Jorge Giordani, otorgue los recursos para sentarnos a negociar y el Estado asuma las riendas de Refractarios Orinoco", dijo.

El dirigente afirmó que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para conseguir respuestas, por lo que destacó que un trabajador podría cocerse la boca para demostrar que están hablando en serio.