Se prevé que en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Reforma Agraria presente una iniciativa basada en ocho ejes.

Excelsior.com.mx. Diputados del PRI, PAN y PRD urgieron a aprobar una reforma al campo para hacerlo más competitivo frente a la globalización y acabar con añejos problemas como el corporativismo y el rezago tecnológico.

José Rubén Escajeda, diputado federal del PRI, aseveró que es necesario ordenar al sector en temas como financiamiento, comercialización, seguros para cultivos y planeación.

Afirmó que los productores requieren esquemas de financiamiento con bajas tasas de interés, una política para planear cultivos de acuerdo con la oferta y la demanda y esquemas de comercialización que den certidumbre a los campesinos.

El panista Víctor Serralde dijo que el cambio de fondo debe ser superar el corporativismo del agro, el cual le impide entrar a una plena competencia.

Explicó que también se debe considerar al ejido como un modelo agotado y mientras no se toque el artículo 27 constitucional no habrá una verdadera reforma.

Expuso que el modelo ejidal, bajo el cual se considera que la propiedad social preserva el interés de los hombres del campo, en realidad “diezma y nulifica sus capacidades competitivas”.

Miguel Alonso Raya, diputado del PRD, consideró que los cambios deben permitir recuperar los niveles de producción perdidos en los últimos años y que se canalicen suficientes recursos para la tecnificación, así como echar a andar una política de planificación y comercialización.

Se prevé que en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Reforma Agraria presente una iniciativa basada en 8 ejes.

Exigen reforma al campo con visión global. El PRI considera insuficientes las modificaciones y asegura que desde hace años se necesitan muchos cambios.

Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tienen proyectos diferentes para darle futuro al campo, sus diputados coinciden en una evaluación reprobatoria de lo que fue la reforma en la materia en el sexenio de Carlos Salinas.

Determinados a impulsar cambios de fondo para ese sector en el periodo ordinario, a iniciar en septiembre, cuestionan lo sucedido con las transformaciones al artículo 27 constitucional, que se hicieron en los años 90.

“La derrama de dinero para la tecnología, para asociarse, para producir más y para que productores tuvieran capacidad de infraestructura, de almacenamiento y comercialización, todo eso que se prometió fue un sueño guajiro; nunca llegó”, afirma el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, Miguel Alonso Raya.

Lo que sucedió, señala el diputado, es que las tierras se vendieron para convertirse en desarrollos inmobiliarios, por lo que en estados agricultores la zona urbana se fue comiendo a los ejidos.

“Salieron ganando los acaparadores de la tierra que hicieron negocio con la especulación.”

Por su parte, el responsable del PAN en las negociaciones de un acuerdo marco con la Federación para concretar una reforma al campo, el diputado Víctor Serralde Martínez, afirma que en el sexenio salinista sólo hubo acciones preparatorias hacia la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

“Conseguir el TLCAN implicaba condiciones que permitieran que productores transitaran a un esquema de exportación e importación”, señala el también presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, en San Lázaro.

Para el legislador por Veracruz, especializado en el tema, el saldo de aquella reforma “implica un presunto desmantelamiento del ejido, que finalmente no se actualizó”.

Lo anterior, porque los campesinos no lograron asociarse con inversionistas ni hubo acceso a entidades crediticias, como tampoco el campo se convirtió en “un gran negocio”, enumera el panista.

Para Serralde, el modelo que se propuso resultó un fracaso, porque en los hechos el sector se mantuvo “corporativizado” por organizaciones que subsisten desde el México posrevolucionario, como la Central Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR). “No todas pertenecen al PRI (Partido Revolucionario Institucional), algunas están claramente identificadas con la izquierda”.

Una reforma insuficiente: PRI. El saldo del PRI sobre la reforma de hace dos décadas se traduce en que “al campo de este país, desde hace muchos años, le hacen falta muchos cambios”, comenzando por “ordenar” el sector agropecuario en temas de financiamiento, de la comercialización, del aseguramiento de los cultivos y el de la planeación.

José Rubén Escajeda Jiménez, diputado federal del PRI, presenta el diagnóstico y responde sobre si los cambios constitucionales en el gobierno de Salinas dieron solución a esos problemas.

“Por supuesto que no, le han faltado muchas cosas. Por eso el campo requiere de tanta ayuda”, reconoce el ingeniero agrónomo.

Al evaluar el alcance de aquella reforma, el legislador del Consejo Nacional Campesino del PRI plantea: “El TLC al que entonces se incorporó México era un buen propósito, pero no estábamos, ni estamos todavía, preparados para competirle a un país (Estados Unidos) que subsidia tanto a la agricultura y le mete tanto dinero. Por ello requerimos de golpes de timón, de políticas públicas que ayuden a estar en ese nivel”.

Escajeda considera que los cambios que vienen deberán apostar por un campo más competitivo frente a la globalización.

“Los productores requerimos esquemas de financiamiento con tasas de interés bajas, una política para planear los cultivos de acuerdo con la ley de oferta y demanda, esquemas de comercialización que generen certidumbre a los productores y la protección a precios de nuestros productos”, enumera.

Integrante de las comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, Presupuesto y Cuenta Pública, y de la de Recursos Hidráulicos, el legislador por Durango señala que, como antesala de la futura reforma se realizaron foros temáticos y regionales para conocer los puntos de vista de los productores, políticos, académicos y expertos.

Sostiene que para su grupo parlamentario, los cambios a formular ahora serían consecuencia de transformaciones hechas en materia energética y financiera, las cuales tendrán consecuencias positivas para el sector.

Adelanta que este miércoles se espera que Enrique Peña Nieto anuncie una Financiera Rural.

“El conjunto de reformas nos da la pauta para que haya una nueva circunstancia para el campo. Y vendrán anuncios que representarán un parteaguas”, confía.

Faltó supervisar el corporativismo: PAN. Para el PAN, el cambio de fondo en el sector no depende sólo de políticas que resuelvan los problemas, sino de superar lo que el diputado Víctor Serralde llama “el ancla”, que impide a productores mexicanos entrar a la plena competencia.

Se refiere así al corporativismo y a “ese modelo ejidal”, bajo el cual se considera que la propiedad social preserva el interés de hombres del campo, cuando en realidad, sostiene el legislador por Veracruz, “se diezman y nulifican sus capacidades competitivas”.

Reseña que ante las consecuencias adversas que generó en el sector el libre comercio, se estableció la denominada Alianza para el Campo, que se tradujo en la Ley de Desarrollo Social Sustentable, el marco jurídico “más avanzado que hemos tenido”, y generó la creación del Consejo Agrario Permanente (CAP) y el Consejo Mexicano de Desarrollo Social.

“Fueron figuras, sobre todo en los gobiernos panistas, que lograron servir de constraste y contrapeso a la visión gubernamental, atrofiada por la disputa de recursos públicos”, cuestiona.

Con estos antecedentes, el diputado del PAN califica como audaz la propuesta de Enrique Peña Nieto de reformar al sector y dice reconocer “los talentos políticos” del secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez.

Sin embargo, Serralde Martínez es pesimista: “Me queda claro que esa visión transformadora no puede ir muy lejos, porque pertenece a un sistema donde están esos grandes corporativistas que obligan al presidente a un primer compromiso: no tocar el artículo 27. Y ése es un tabú que en mi partido no compartimos, porque si no reconocemos que el ejido es un modelo agotado, no puede haber reforma de fondo”.

El panista considera que ante la inequiedad y pobreza, que caracteriza al campo mexicano, “es un grave error del presidente Peña haberse comprometido a no tocar la propiedad social”.

Sostiene, “las reformas las hacen los legisladores, y los 114 diputados del PAN no estamos de acuerdo con esa postura”.

En contraste, aclara, sí están de acuerdo con la posición del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de reorientar el gasto hacia las capacidades productivas. Y que ésta debe vincularse con el acceso a la tecnología de las semillas genéticamente mejoradas.

Resume que la propuesta de reforma de su partido, con una apuesta empresarial, incluye mejoras sociales, transparencia y rendición de cuentas en la asignación del dinero, para que no termine “inflando los bolsillos de los depredadores del campo, que todos sabemos quiénes son”.

Las promesas no se cumplieron: PRD. La bancada del PRD va por una reforma que permita recuperar los niveles de producción perdidos en los últimos años y que canalice suficientes recursos para tecnificación, una política de planificación y comercialización.

“Hay que revisar el presupuesto y su orientación, porque ahora sólo le llega a una pequeña élite, porque la mayoría de la gente del campo termina jodida y sin el apoyo requerido”, resume el vicecoordinador del grupo.

Alonso Raya parte del diagnóstico de que las promesas de hace 20 años no se cumplieron.

“Con Carlos Salinas toda la justificación para hacer la reforma al 27 era lo que llamaban, entre comillas, modernización al campo. Pero si hoy recorremos la Cuenca de Lerma y donde estaban los puntos de medición de cuando se eleva el río y donde habían canaleros, ya no hay ni siquiera quién avise de cuándo se rebasan los límites y alerte a las comunidades del riesgo”, describe el perredista.

Con ese ejemplo, enfatiza en que al tiempo que se incumplieron las promesas de mejoría tecnológica, desapareció la estructura que operaba diversos sistemas ligados a la productividad del campo.

“En el caso de Morelos, muchos de los ejidos ahora son unidades habitacionales, porque los acaparadores de la tierra hicieron negocio a partir de la reforma al 27”, detalla.