A casi dos años de la toma de más de 80 empresas conexas a la actividad petrolera en el Zulia por parte del Estado venezolano, en mayo de 2009, recién en diciembre de 2010 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contrató a una empresa de ingeniería para realizar la valoración de los activos.

A casi dos años de la toma de más de 80 empresas conexas a la actividad petrolera en el Zulia por parte del Estado venezolano, recién en diciembre de 2010 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contrató a una empresa de ingeniería para realizar la valoración de los activos.

Sin embargo, una fuente vinculada al sector, aseguró que se desconoce el nombre de la compañía, al tiempo que destacó que pese a ello los dueños de las firmas nacionalizadas no han reportado movimiento alguno al respecto, refiriéndose a los empresarios que se mantienen permanentemente ligados a sus activos.

El 7 de mayo de 2009 fue promulgada por la Asamblea Nacional la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos. Afianzado en este instrumento, el Estado procedió un día después a nacionalizar a las compañías.

Desde ese momento hasta ahora (un año y ocho meses), los propietarios esperan el pago correspondiente a cada uno de los activos prometido por el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien para el momento de las expropiaciones aseguró que serían indemnizados.

Prometió además que se efectuarían los avalúos para sentarse a negociar los términos del acuerdo, pese a que la ley establece que previo a la toma del activo por parte del Estado debería estar definido un "justiprecio" y liquidada la deuda.

"Aunque la ley contempla el proceso al revés de como lo ha hecho el Estado venezolano, los expropiados han sido pacientes, al punto de no querer tomar medidas legales. Sin embargo, saber que hasta este momento Pdvsa no sabe siquiera lo que debe pagar a las empresas, es desesperanzador. No hay valoración aún de los activos, seguimos esperando", comentó un empresario.

Tampoco las empresas mixtas fraguaron. Esta alternativa, bien vista por los empresarios, no fue finalmente ofrecida por la estatal petrolera, pese a los comentarios que surgieron de que estaba dentro de las posibilidades que barajaba Pdvsa. "Ya eso está descartado", aseguró la fuente.

El punto es que la situación actual de las expropiaciones demuestra, de forma contundente, el porqué Pdvsa no ha podido convocar a los dueños de las firmas a negociar.

"No tiene nada que ofrecer hasta ahora pues desconocen el monto que ofrecerán a las compañías", sentenció un afectado.

A media máquina. Los empresarios del Zulia aseguran que las firmas expropiadas funcionan a media máquina. Insisten en que ha sido imposible para Pdvsa lograr activar el 100% de las capacidades.

Destacan que de las más de 500 lanchas que operaban en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, actualmente solo funcionan cerca de 200.

"Eso es indicativo de la situación crítica en la que se encuentra la producción en occidente y de la impericia de los nuevos operadores", comentó un empresario de la zona.

"La actividad que antes comenzaba a partir de las cuatro de la mañana en los portones de las áreas y en los puertos, hoy en día ha disminuido notoriamente. Solamente tienes que pararte a observar y te das cuenta", aseguró un trabajador.

Se atribuye a esta situación, entre otros factores, la caída en la producción de occidente. Fuentes de la propia Federación de Trabajadores Petroleros (Futpv) aseguran que el bombeo en occidente es preocupante, al punto que el promedio de producción que reportan gira en torno a 700.000 barriles por día.

Sin reclamo. Los empresarios que fueron despojados de sus empresas en el Zulia cuentan que la espera no ha sido fácil. Las deudas laborales y con sus suplidores los han obligado a acudir a onerosos préstamos con la banca.

A pesar de la situación planteada los afectados esperan que la estatal petrolera finalmente honre sus compromisos, por lo que han descartado hasta este momento la posibilidad de acudir a soluciones de tipo legal.

Sin embargo, expertos en derecho señalan que los empresarios deben dejar por escrito en los tribunales competentes la demanda, aunque sea desestimada.