Ciudad de México. A partir de la apertura al mercado, los consumidores de gasolinas y diesel ya pagan el costo que implica el robo de combustibles a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de cualquier otro transportista que se establezca en el país. Ello, gracias a que los denominados costos por pérdidas no operativas se trasladan a la tarifa que los permisionarios cobran a los usuarios de los ductos y éstos a su vez lo reflejan en los cobros al usuario, al representar un costo adicional en logística.

Lo anterior fue establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) durante las negociaciones para llevar a cabo la primera temporada abierta de arrendamiento de capacidad a terceros en los sistemas de almacenamiento y transporte de Pemex.

Mediante la resolución RES/179/2017, el regulador determinó que los daños económicos por combustible que no llegue desde el punto de inyección hasta el usuario final son responsabilidad del transportista (Pemex), pero que éste puede solicitar que se le reditúen elevando la tarifa que cobra por prestar sus servicios.

“Como regla general, los costos trasladables por mermas y pérdidas operativas en los sistemas de transporte estarán sujetos a un límite máximo de 0,2% de los petrolíferos transportados”, determinó el regulador, aunque “los transportistas podrán solicitar a la Comisión que el porcentaje señalado sea superior, o bien se admita incluir dentro de las tarifas máximas aplicables, los costos en que incurra el permisionario cuando ello se justifique por condiciones especiales en la operación de sus sistemas siempre que acrediten llevar a cabo una operación eficiente que busque reducir las mermas o pérdidas operativas y no operativas que queden fuera de su control”.

Al respecto, Pemex explicó a El Economista que desde la primera temporada abierta se aceptó el umbral máximo de la CRE, de 0,2% del costo total de los combustibles transportados, como costo trasladable a la tarifa.

“Como regla general, los costos trasladables por mermas y pérdidas operativas en los sistemas de transporte estarán sujetos a un límite máximo de 0,2% de los petrolíferos transportados”, determinó el regulador.

“Nosotros asumimos lo que determinó la CRE. Fue una resolución de ellos que nosotros acatamos, como sujetos regulados”, explicaron.

Se reparte entre Pemex Tri, Andeavor y los que lleguen. La resolución de la CRE define que los cobros trasladables afectarán a las tarifas en la modalidad de reserva contractual de los sistemas de transporte por ducto o en la tarifa por la modalidad de uso común, por lo que no se ajustarán por inflación ni tipo de cambio y se prorratearán de manera proporcional entre los usuarios del sistema, considerando el volumen que conduce cada usuario, lo que implica que se reparten entre quienes usan los ductos.

Con ello, a partir de julio del año pasado, el nuevo usuario de Pemex Logística, que es la estadounidense Andeavor (antes Tesoro), ganadora de alrededor de 25% de la capacidad en ductos de Sonora y Baja California, ya cuenta con una tarifa que incluye cobros por pérdidas.

Pero no sólo eso, Pemex Transformación Industrial, que por una asignación directa se quedó con 85% de la capacidad de los ductos y que no ha tenido más que una subasta para arrendar a terceros el resto, también recibe la tarifa regulada por la CRE, que incluye estos cobros.

La CRE detalló a El Economista que para la segunda temporada abierta que concluye en mayo en la frontera norte y el Pacífico, Pemex aún no ha presentado el programa de acciones para combatir estas pérdidas, por lo tanto, todavía no se ha determinado el porcentaje del producto transportado trasladable a la tarifa mínima sobre la cual los interesados harán sus propuestas para concursar por la capacidad que se arrendará durante tres años.

Costo trasladados por robo en un año. Los consumidores de gasolinas ahora pagan como un costo adicional hasta 2.200 millones de pesos (US$118 millones) al año que se incluye en el cobro por logística y transporte dentro de su tarifa y que son producto del robo de combustibles en el país, luego de que el año pasado el crimen organizado perforó 10.363 tomas clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Si los ductos de transporte de petrolíferos de Pemex Logística tienen una capacidad de 1.920 millones de barriles diarios a nivel nacional y suponiendo que ésta se emplea al máximo, el volumen que puede acreditar como merma o pérdida operativa (mínimo 0,2%) y cuyo costo se traslada a la tarifa que cobran a usuarios de su sistema, según la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) RES/179/2017, es de 3.840 barriles por día, que son 610.500 litros diarios.

Dado que el costo acreditable se establece cada año con base en los volúmenes y precios del año anterior, Pemex pudo establecer que para el 2017 el costo trasladable a la tarifa por este concepto fue de 6,2 millones de pesos (US$332 mil) diarios, como mínimo, si se acreditó únicamente el costo de referencia de la gasolina regular del sur de Texas, cuyo precio en el 2016 fue de 10,19 pesos (US$0,54) por litro.

Con ello, la estatal recibió unos 2,271 millones de pesos al año por un ajuste a las tarifas que cobra por el uso de sus ductos —pagado por los usuarios y posteriormente por los consumidores— por concepto de pérdidas de combustible por robo o mermas. Ello sería sólo 11% de las pérdidas calculadas por estos ilícitos, ya que la Auditoría Superior de la Federación calculó que superan 20,000 millones de pesos al año.

En la resolución de la CRE que permite trasladar a la tarifa los costos por robo de combustible, se estableció que éstos serán distintos por regiones y más altos donde haya mayor volumen de pérdidas. De esta forma, Pemex Transformación Industrial asume el promedio nacional, ya que casi todo el uso del transporte del país sigue en sus manos, pero la estadounidense Andeavor (antes Tesoro) incluyó en su oferta ganadora de los sistemas del Noroeste, y posteriormente en su tarifa, el costo que implica que en Sonora y Baja California se hayan reportado 180 tomas clandestinas en un año.