Lima. El Congreso peruano podría extender el plazo para que la minera Doe Run Perú culmine un plan ambiental clave para que pueda reiniciar las operaciones de su complejo metalúrgico tras tres años de paralización, dijo este jueves el presidente del poder legislativo, Daniel Abugattás.

La mayor metalúrgica de Perú- controlada por la estadounidense Renco Group- enfrenta desde mediados de enero un proceso de reestructuración acordado por una junta de acreedores, debido a sus millonarias deudas y al incumplimiento de sus compromisos ambientales.

Pero antes del reinicio de sus operaciones, Doe Run requiere que el Congreso peruano extienda el plazo para la culminación de su plan ambiental, que deberá mejorar o remediar la zona en la que operó tras años de contaminación y que está valorizado en unos US$150 millones.

Abugattás afirmó que en el primer semestre del año el Parlamento debería aprobar una iniciativa legislativa que permita a Doe Run concretar sus compromisos ambientales en La Oroya, la contaminada zona donde está ubicado el complejo metalúrgico.

"El Congreso tiene que darle las facilidades, a través de la ampliación del PAMA (plan de remediación ambiental). Si requieren 20 meses, 15 meses, lo que requieran, se le tiene que dar", dijo Abugattás en entrevista con la prensa extranjera.

La planta de Doe Run, otrora la sexta exportadora de metales de Perú, fue paralizada en el 2009 en medio de los problemas financieros de la compañía, lo que dejó en la incertidumbre a unos 3.500 trabajadores.

En septiembre del 2009, el Congreso aprobó la ampliación por 30 meses del plazo para la concreción del plan de remediación ambiental.

Pero la metalúrgica incumplió nuevamente en completar el plan ambiental, por lo que el entonces gobierno del presidente Alan García dijo que retiraría la licencia de la empresa.

El presidente del Congreso refirió que si la junta de acreedores sigue adelante con el proceso de reestructuración, el Parlamento no debe convertirse en un obstáculo para que la metalúrgica retome sus operaciones.

La junta de acreedores decidió reestructurar y no liquidar la empresa el mes pasado, pero aún debe aprobar el plan para llevar a cabo ese proceso.

Los principales acreedores de Doe Run Perú son el gobierno peruano, con un 36% de las deudas, y Doe Run Cayman -una unidad especial-, con otro 35%.

El resto son principalmente proveedores de minerales, a los que la compañía debe unos US$100 millones.

El gobierno del mandatario Ollanta Humala ha apoyado el reinicio de las operaciones de la planta de Doe Run, en lo que sería un intento por evitar un conflicto social en la zona que depende de la actividad minera para su subsistencia.

Las exportaciones de metales son vitales para la economía peruana, pues representan el 60% de sus envíos totales.