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Perú declara estado de emergencia en zona de protesta antiminera
Lunes, Diciembre 5, 2011 - 05:59

"El gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas", dijo el presidente peruano, Ollanta Humala.

Lima. El presidente peruano, Ollanta Humala, declaró este domingo el estado de emergencia en la región norteña de Cajamarca, para garantizar la seguridad pública, en medio de protestas sociales contra un millonario proyecto de oro de la minera estadounidense Newmont.

La medida, en la que Humala muestra por primera vez mano dura para frenar las protestas, restringe el libre tránsito y autoriza a las fuerzas armadas a restablecer el orden público en la zona desde el lunes y por un plazo de 60 días.

"El gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos, de educación y salud, hacer que se respete el libre tránsito y se preserve la propiedad pública y privada", dijo Humala en un mensaje a la nación.

El mandatario afirmó que tomó la medida ante la "intransigencia" de algunas autoridades tras 11 días de protestas de varias comunidades contra el proyecto de oro Minas Conga, que generó el bloqueo de carreteras y afectó el suministro de alimentos y combustibles en esa zona.

"Se agotaron los caminos para resolver el conflicto", agregó Humala.

El estado de emergencia se aplicará a las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumasá, para restablecer "la paz social".

Humala había llamado al diálogo para resolver el conflicto, pero la semana pasada y a pedido del Gobierno, Newmont suspendió la construcción de su proyecto Minas Conga, de US$4.800 millones, luego de protestas de comunidades aledañas que temen perder sus fuentes naturales de agua.

Sin embargo las protestas han continuado porque los manifestantes piden que el gobierno cancele permanentemente el proyecto.

El primer ministro Salomón Lerner, quien negoció el domingo por varias horas con las autoridades y dirigentes de Cajamarca, afirmó que no se llegó a un acuerdo.

Esto llevó a Humala a declarar el estado de emergencia, una medida que su predecesor, el ex presidente Alan García, usó frecuentemente para frenar las protestas sociales.

Perú, que es el segundo mayor productor mundial de cobre, plata y zinc, y el sexto de oro, tiene a la minería como uno de los motores de su economía porque sus exportaciones representan el 60% de los envíos totales.

Otras protestas. Las protestas desafiaron la posición inicial del gobierno de Humala, que había afirmado que Minas Conga es necesario para el desarrollo económico y social, pero con cambios en su ejecución que garanticen el respeto al medio ambiente.

Sin embargo, el gobierno dijo la semana pasada que Newmont debe garantizar recursos para el financiamiento de proyectos sociales y mitigación de daños ambientales si quiere continuar con su enorme proyecto, dentro de un plan para alcanzar una minería responsable.

El estado de emergencia fue anunciado tras otra protesta contra un proyecto de expansión de un penal al sur de Lima, en la que manifestantes de la ciudad costera de Cañete bloquearon el viernes la carretera, dejando una persona muerta tras enfrentamientos con la policía.

Las protestas son las más fuertes desde que Humala asumió a fines de julio el Gobierno del país andino, que tiene más de 200 conflictos sociales vinculados al sector minero y energético.

En Cajamarca, los pobladores rechazan el plan para desarrollar Minas Conga debido a que Newmont planea trasvasar el agua de cuatro lagunas a tres reservorios en Cajamarca. Dos de las lagunas serán utilizadas para depositar desechos o relaves.

Los manifestantes temen que el plan afecte las fuentes y filtraciones naturales de agua en la zona.

Según algunos analistas políticos, existe un embalse de expectativas sociales y consideraron que si Humala no actuaba pronto con mano dura, estaría continuamente presionado por manifestantes de izquierda.

El desarrollo o no de Minas Conga, que busca producir entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales desde el 2014, marcaría la pauta en la relación del presidente izquierdista Humala con los inversionistas privados.

Autores

Reuters