Toronto. El gobierno peruano dijo este martes que evalúa cómo mejorar el estudio ambiental y la prevista ejecución de un proyecto de oro y cobre de US$4.800 millones de la estadounidense Newmont en el país andino, que afronta el rechazo de pobladores.

El plan Minas Conga, que se convertiría en la mayor inversión minera en la historia de Perú, fue suspendido a fines de noviembre en medio de violentas protestas que dejaron varios heridos e impulsaron un cambio de varios ministros del presidente Ollanta Humala.

Actualmente se espera la evaluación de tres expertos extranjeros contratados por el gobierno peruano para analizar el estudio de impacto ambiental de Newmont y su socia en el proyecto, la minera local Buenaventura.

"Lo que estamos haciendo es un análisis de cómo podemos mejorar el estudio de impacto ambiental, cómo podemos mejorar el tema del agua", dijo el ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Merino, en la conferencia de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Minas de Canadá (PDAC por su sigla en inglés)

Ese estudio ambiental fue aprobado en el 2010 por el anterior gobierno del entonces presidente Alan García.

Lo que se está haciendo es ver "el cómo será realizado y el cómo será mejorado", dijo Merino al ser consultado sobre si el yacimiento será eventualmente desarrollado.

"El Estado peruano respeta los contratos que han sido firmados", afirmó Merino en el mayor encuentro minero del mundo.

Minas Conga produciría entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales en sus primeros cinco años.

Algunos pobladores de Cajamarca quieren que el proyecto sea declarado inviable ante los temores a quedarse sin el agua que utilizan en la ganadería y agricultura, debido a que la empresa prevé trasvasar el agua de cuatro lagunas a tres reservorios.

Pero Newmont afirma que con esos reservorios los cajamarquinos podrán tener agua durante todo el año.

La extracción de la riqueza natural de Perú -el segundo productor mundial de cobre y plata y el sexto de oro- suele despertar el rechazo de las comunidades, precisamente en medio de temores ambientales y reclamos de mayores beneficios sociales.

El presidente Humala asumió el poder en julio con la promesa de aminorar los crecientes conflictos sociales, que amenazan con frenar inversiones mineras y energéticas que suman más de US$50.000 millones, y distribuir los beneficios del auge económico local con el tercio de peruanos que aún es pobre.

El ministro Merino enfatizó en el encuentro que Perú considera que las inversiones son clave para consolidar el fuerte crecimiento económico del país, de casi un 7% el año pasado.

El sector minero es crucial debido a que aporta el 60% de los ingresos por exportaciones.

"El Estado peruano quiere ser un facilitador (...) quiere ser un facilitador para los inversores", dijo el ministro.