La renovación de licencias con Telefónica recibe críticas de la oposición por deuda no reconocida con el recaudador de impuestos peruano.

Lima. El gobierno de Perú anunció este miércoles 15 de agosto de 2012 que negociará con la compañía española Telefónica nuevos términos y condiciones para renovar las licencias de la firma. Precisó además que de no ser aceptadas convocaría a una licitación internacional.

Las licencias de Telefónica para operar por 20 años la telefonía móvil en la ciudad de Lima vencieron en mayo y junio del 2011 y en febrero del 2012. La compañía -una de las mayores operadoras del sector en América Latina- ha solicitado negociar con el Estado la renovación de los contratos.

Sin embargo, la firma sólo negociaría un contrato de 18 años y 10 meses tras una penalidad impuesta por el regulador de Telecomunicaciones (Osiptel) que evaluó el servicio de la firma.

"Iniciaremos la negociación de los nuevos términos y condiciones con la empresa Telefónica Móviles. Si al término de la negociación estos no son aceptados, el Gobierno convocará a una licitación internacional", declaró el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, en un comunicado.

Dentro de los términos y condiciones del nuevo proceso de negociación, el Gobierno planteará un plan tarifario social que beneficie una mayor cantidad de zonas rurales, así como potenciar la cobertura de telefonía móvil y de Internet en las regiones con menores recursos, agregó el comunicado.

"También se tomará en cuenta la calidad de los servicios que se brinda a los usuarios, para lo cual se modificará el Marco Regulatorio que permitirá establecer indicadores de calidad, que puedan ser verificables y en caso de incumplimiento por parte de la empresa sean penalizados", agregó el comunicado.

Telefónica, que domina el mercado local de telefonía fija y móvil desde su desembarco en Perú en 1994, tiene unos 20 millones de líneas de telefonía celular en servicio.

La renovación de las licencias con Telefónica ha sido criticada por algunos sectores de la oposición debido a que la firma mantiene una deuda no reconocida con el recaudador de impuestos peruano.

El Gobierno peruano busca cobrarle a la firma una deuda equivalente a unos US$ 860 millones por impuestos e intereses correspondientes al 2000 y al 2001.

La compañía ha dicho que tiene cómo acreditar que la deuda es mucho menor por las millonarias inversiones hechas en el país que son deducibles del impuesto a la renta.