El gobierno peruano rechazó el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María de US$1.000 millones de Southern Copper, luego de violentas protestas sociales en contra del plan.

Las persistentes manifestaciones en contra uno de los proyectos estrella de Southern Copper, una de las principales cupríferas del mundo, dejaron en los últimos días tres muertos y medio centenar de heridos en la sureña ciudad de Arequipa.

"El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene observaciones inviables que hacen imposible su aprobación", informó el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.

Ante ello, "(la empresa) deberá efectuar el retiro de equipos, maquinaria, insumos e instalaciones provisionales" en la zona, agregó.

Ahora, la minera deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental si desea continuar con el plan, dijo a Reuters una portavoz del Ministerio de Energía y Minas.

"Están en foja cero", dijo la portavoz.

El gobierno peruano había paralizado por seis meses la evaluación del estudio ambiental en "aras de mantener la paz social" en la localidad cercana al proyecto.

Pero como los pobladores -que temen el desarrollo del proyecto afecte los recursos hídricos de la zona- no depusieron sus protestas, el Gobierno adelantó la revisión del estudio y concluyó que "hay algunos elementos insalvables en este proyecto por lo que se ha declarado esta nulidad".

Tía María elevaría la producción de Southern Copper, controlada por Grupo México, en 120.000 toneladas de cobre.

Southern Copper opera en Perú las minas Cuajone y Toquepala, y la fundición de Ilo.

En México controla los yacimientos La Caridad y Buenavista del Cobre -antes llamada Cananea-, que en los últimos tres años no produjo cobre por una prolongada huelga.

Ejecutivos de Southern Copper no estuvieron disponibles de inmediato para hablar sobre la decisión del Gobierno.

Su presidente ejecutivo, Oscar González, dijo la semana pasada que evaluarían a mediados de abril de este año la continuidad del proyecto en una reunión del directorio.

La explotación de la riqueza natural de Perú suele despertar el rechazo de pobladores que temen daños al medio ambiente y demandan una mayor tajada de los ingresos de las compañías.

En junio del 2009, una protesta en contra de decretos que promovían las inversiones energéticas y mineras en la Amazonía dejaron más de 30 muertos, en un conflicto que se convirtió en el mayor dolor de cabeza del presidente Alan García.