Las versiones sobre la supuesta renuncia o destitución de María da Graça Foster surgieron luego de que se admitiera el estudio de la opción de pedir el embargo de sus bienes por su presunta responsabilidad en una decisión que generó pérdidas para la empresa.

Río de Janeiro. El Consejo de Administración de la petrolera estatal Petrobras confirmó este viernes en la presidencia de la mayor empresa de Brasil a María da Graça Foster, en medio de versiones sobre su posible salida por las investigaciones de corrupción en torno a algunos negocios de la compañía.

La confirmación fue comunicada en una nota de prensa divulgada tras la reunión en la que el Consejo de Administración analizó este viernes los resultados del segundo trimestre del año.

"Petrobras comunica que su Consejo de Administración refuta, por falsas, todas las especulaciones sobre la salida de la presidenta María da Graça Forte", afirma la nota.

Las versiones sobre la supuesta renuncia o destitución de Foster surgieron luego de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que investiga una denuncia contra Petrobras por mala gestión, admitiera que estudia pedir el embargo de sus bienes por su presunta responsabilidad en una decisión que generó pérdidas para la empresa.

La reunión que los magistrados del tribunal iban a tener esta semana para analizar la medida fue aplazada a petición del jefe de la Abogacía General del Gobierno, Luiz Inácio Adams, quien opina que con sus bienes embargados, Foster no podría permanecer al frente de la empresa.

"Pese a estar dirigida contra la persona física de Graça Foster, la decisión afecta la propia gestión de la empresa. Su comando quedaría inviable porque le restaría legitimidad", dijo Adams en una entrevista publicada hoy por el diario O Globo.

El TCU responsabilizó de los perjuicios económicos que causó a Petrobras la compra de una refinería en Estados Unidos en 2006 a los antiguos directores de la empresa, a quienes embargó los bienes y les ordenó a pagar una indemnización de US$792,3 millones.

Foster, pese a que formaba parte de la dirección en la época, inicialmente fue excluida, lo que el tribunal atribuyó a un error. Los magistrados pretendían corregirlo en la reunión que fue aplazada.

El polémico negocio, que también es objeto de investigación por parte de una comisión parlamentaria y de la Fiscalía de Río de Janeiro, se refiere a la compra de una refinería en Pasadena (Texas).

Petrobras compró la mitad del capital de la refinería por US$360 millones a la empresa belga Astra Oil, que un año antes había pagado US$42,5 millones por la totalidad de la planta.

Debido a una cláusula en el contrato, Petrobras fue forzada a desembolsar otros US$820 millones por la otra mitad del capital.