Quito. La petrolera pública Petroecuador se mostró interesada en solicitar a la Secretaría de Hidrocarburos la adjudicación de dos bloques petroleros para asumir su explotación, una vez que el ministerio de Recursos Naturales no Renovables abra la licitación de las nuevas áreas en octubre próximo.

“Hemos solicitado, está en análisis, que nos adjudiquen el bloque 1 en donde (opera) como encargado de ese campo, el otro es el bloque 28”, dijo Marco Calvopiña, gerente general de Petroecuador.

Para ver esa posibilidad debe presentar un plan de desarrollo de campos, en ambos casos.

El bloque 1 produce unos 80 barriles y estaría en capacidad de botar sobre los mil barriles; el 28 tendría que ejecutarse desde el plan de sismisidad.

El ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, corroboró el interés de Petroecuador al indicar que “lo fuerte de este año está en la undécima ronda de licitación, segunda de prestación de servicios, convocada la primera semana de octubre. En ella se ofertarán doce bloques, de los cuales dos al menos serán para empresas estatales ecuatorianas, tres para estatales del mundo y el resto para privadas”.

Petroecuador tiene al momento a su cargo cinco áreas de las más productivas: Shushufindi, Auca, Libertador, Cuyabeno, Lago Agrio y como socia de Río Napo está Sacha.

Con ese objetivo, la estatal espera producir más de 160 mil barriles diarios de crudo y superar los 170 mil barriles que hasta el 2007 produjo.

Entre los campos marginales que ya salieron a licitación está Armadillo, un campo que colinda con la zona de amortiguamiento de la denominada zona intangible, vedada a perpetuidad su explotación, por ser espacio de tránsito de los pueblos tagaeris y taromenanes.

Frente a esa posibilidad de explotación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas condenó la licitación argumentado que vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como el de la vida. “Exhortamos a que se detenga inmediatamente dicha licitación que pondría en riesgo la vida de compatriotas que viven en dicha región”. Pide a las petroleras “a atenerse a las consecuencias jurídicas que puede provocar cualquier afectación”.