Caracas. En el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), temen que las exportaciones de la región hacia EE.UU. podrían sufrir un revés con la profundización de nuevas políticas comerciales de la administración de Barack Obama. Esto implicaría un golpe para el sector, que en 2009 redujo sus ventas en más de 24% a causa de la crisis financiera.

Las nuevas prácticas impulsadas "abren oportunidades para disposiciones que discriminan a los proveedores extranjeros", advierte el organismo económico regional en documento divulgado este lunes en Caracas. Aunque confían, sin embargo, que no es el objetivo principal de Washington.

Considera el organismo que el comercio no es prioritario dentro del gobierno de EE.UU., de acuerdo con la Agenda Política Comercial que presentó Obama en marzo de 2009. "Apenas en tercer lugar en la lista encontramos un tema tradicionalmente relacionado con el comercio", se lee en el informe.

Justifican el descuido al considerar que "Obama ve poca ventaja en centrar la atención en asuntos comerciales porque no desea enfadar a los miembros de su partido al inicio de la Presidencia". Analizan que las políticas comerciales no tienen apoyo entre los demócratas.

Espiral de cambios. Uno de los aspectos que más preocupa al Sela es la cláusula "Buy-American" (compra americano), que está incluida en varias leyes aprobadas por el Congreso. Así como en otras que esperan la sanción definitiva.

Una de ellas -la Ley de Estímulo Económico- cerraría la venta de hierro, acero y otros bienes que sean utilizados en los planes de impulso financiero, pues piden que estos productos sean hechos principalmente en EE.UU. "Brasil, así como Rusia, India y China, fueron los verdaderos blancos de esta enmienda", dice el Sela.

Del resto de proveedores significativos en la región, los únicos que parecen salir librados con esta restricción son Chile y México. Un beneficio que reciben por haber firmado el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Pero el proyecto de Ley General de Gastos, que espera la aprobación del Congreso, extiende la política proteccionista americana a otros sectores. Pretenden limitar el otorgamiento de contratos a proveedores extranjeros a cualquier nivel, cuando ahora esa cláusula sólo aplica a las grandes obras de infraestructura.

Alimento seguro. Los agricultores, las empresas procesadoras de alimentos y las distribuidoras también serán impactadas, como parte de las políticas de "seguridad alimentaria". Ahora, serán completamente inspeccionados.

Todavía está en desarrollo esta normativa, pero en el Sela conocen la pretensión de exigir "controles sanitarios y preventivos sobre la base de análisis científicos de riesgo en instalaciones productoras de alimento". Incluso, para grupos radicados fuera de Estados Unidos.

En la misma corriente, se establecería un registro para este sector industrial. La idea sería mantener control sobre cualquier instalación dedicada a la manufactura, procesamiento, empaque o almacenamiento de alimentos consumidos en ese país.

En el documento, destaca la preocupación de la Federación Estadounidense de Agencias Agrícolas, que habría dicho que se estarían violando acuerdos internacionales. "Provocaría represalias por parte de nuestros socios comerciales", se lee la advertencia en el informe del Sela.

Petróleo verde. La Ley sobre el Cambio Climático -aprobada por los Representantes y a la espera del Senado- es la que más podría afectar a Venezuela. Esto, dado que se pretende disminuir el uso de combustibles fósiles mediante regulaciones e impuestos, y subsidiar la producción de energía alternativa.

Pero esta medida preocupa incluso dentro de EE.UU. El Sela recuerda que podrían promover la salida de las empresas del sector en el país y aumentar el desempleo, así como desalentar la inversión extranjera.

Además, se explica en el documento del Sela, el proyecto "contiene disposiciones que podrían conllevar a la imposición de aranceles sobre las importaciones provenientes de países que no se adhieran a un futuro acuerdo sobre el cambio climático".

En el corto plazo, está una disposición que deberá cumplirse desde agosto de 2010, consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, por la que las aduanas tendrán mucha mayor vigilancia y supervisión.

Todos los cargamentos extranjeros y nacionales transportados en aviones de pasajeros serán inspeccionados. También el 100% de los bultos traídos por mar, antes del embarque en cualquier puerto extranjero con rumbo a EEUU.

Aunque estas últimas disposiciones provienen de la administración de George W. Bush, en el Sela dudan que los estadounidenses logren engranar a tiempo las nuevas inspecciones de aduana, así como las exigencias en materia alimentaria.

Los especialistas del organismo regional -que integra a 27 países- consideran que lo más riesgoso de la crisis económica en EEUU pasó. Pero, ante las nuevas disposiciones, podría ser más difícil recuperar mercado.