Siguen metiéndole “goles” al gobierno. Aunque esta vez los lanzamientos a la red fueron para la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP), según denunció el presidente Porfirio Lobo Sosa.

El “arrozazo III” fue puesto al descubierto este martes por el propio mandatario durante el Consejo de Ministros, cuando aún sigue pendiente la solución de la importación de más de 14.000 toneladas denunciadas por los productores como el “arrozazo II”.

Según Lobo Sosa, este hecho sucedió durante el 2011 mediante un escandaloso contrabando de 4.000 toneladas de arroz oro, sin que la DEI y la ENP se dieran cuenta.

“Según dicen (…) ingresaron 4.000 toneladas de arroz oro en 2011, que significan 200 rastras que salieron de la Portuaria, y no se dio cuenta la DEI y estoy seguro que tampoco se dio cuenta la Portuaria”, manifestó el gobernante.

Lobo Sosa amplió en cuanto a tener información que en El Salvador se hacen importaciones subsidiadas desde Estados Unidos y luego se trasladan al país a un precio menor que el valor local, algo que va en perjuicio de los productores nacionales, a quienes dijo hay que apoyar aún más.

Ello implicaría que ocurren contrabando por la vía marítima y terrestre.

El mandatario se limitó a exhortar a sus funcionarios a estar atentos, pero no mencionó si procederá a investigar el caso y si se deducirán responsabilidades a sus ministros por este nuevo escándalo.

Ante la denuncia, el titular de la Secretaría  de Industria y Comercio (SIC), Francisco Zelaya, indicó que procederán a investigar dicho contrabando.

Reglas de importación. Las explicaciones de los funcionarios sobre los avances que se han obtenido para buscar una solución definitiva en el procedimiento de importación y la declaratoria del desabasto del arroz no satisficieron al mandatario, quien pidió una solución concreta e integral para el próximo Consejo de Ministros.

El designado presidencial, Samuel Reyes, detalló que en una reunión con el sector agroindustrial se reafirmó la intención del presidente de suprimir el registro histórico de tres años de compra del arroz, para gozar de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (Cafta), a un año después de la compra de la producción nacional.

“Ahora la compra que haga un molino a los productores nacionales servirá como respaldo para la asignación de la cuota dentro del contingente Cafta”, especificó Lobo Sosa.

A criterio del mandatario, el esquema anterior donde se tenían que esperar tres años de importaciones para gozar de los beneficios del Cafta hasta el cuarto año, es una competencia desleal para las empresas o personas que querían entrar al libre mercado.

Nuevamente el presidente Lobo advirtió a los molineros si hay pérdidas en la producción de arroz nacional por la falta de compra, se les bajará de la cuota de importación que tienen del contingente Cafta.

Garantizan compra nacional. Asimismo, Reyes aseguró que no hay problema con la producción de arroz del departamento de Colón, donde se producen unos 400.000 quintales, de los cuales 300.000 ya han sido comprados por los beneficios nacionales.

Según el designado, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) ya está listo para adquirir al arroz y solo espera la asignación de fondos para adquirir el producto a un valor de 400 lempiras (US$20,5) por quintal, por lo que garantizó que los productores tienen asegurada su cosecha.

Por su parte, el presidente Lobo Sosa recomendó a los productores de Colón que tengan su propio beneficio.

Derogación de acuerdo. El génesis de las polémicas que han envuelto al gremio arrocero está, según productores y molineros, en el acuerdo ejecutivo 126-2011 por lo que piden su derogación.

El acuerdo emitido en noviembre pasado por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa “ha venido a trastocar la buena relación con los agroindustriales de arroz”, indicaron este martes los productores mediante un comunicado.

Antes del acuerdo, los participantes de la Mesa del Arroz tenían establecida las reglas de la importación hasta 2023, pero tras el convenio ambos gremios han manifestado que están desprotegidos.

En ese sentido el reclamo unánime es de que regresen al sistema de comercialización anterior, que entre otras cosas “nos permitía comercializar el 100% de la cosecha nacional con un precio previamente establecido para todos los productores por igual”, cita el comunicado.

Los productores piden además que la solución se de a nivel del ministro de la SAG y del mandatario, “ya que de ser otras personas que no entienden o desconocen el tema de arroz, poco o nada se solventaría”.