El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado en calidad de testigo el próximo 28 de mayo a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, por la compra por un euro del Popular tras la resolución de éste a mediados de 2017.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha convocado a Botín en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución del Popular, entidad que después fue comprada por un euro por el Santander. Unos días después, el 4 de junio, ha citado al que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique, según la providencia de citación.

Desde que comenzó la instrucción, el magistrado ya ha tomado declaración a los investigados, entre ellos los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, y peritos del Banco de España. Así, las citaciones ya han entrado en la fase de testificales.

Botín y Echenique comparecerán después de que lo hayan hecho el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella; su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez; y el exgobernador del Banco de España Luis María Linde. Todos ellos están citados entre marzo y abril.

El juez Calama investiga, por tanto, dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables de 2016 y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.

Precisamente, el juez Calama acuerda mantener la citación de De Guindos para el próximo 2 de abril, que será por videoconferencia después de que el exministro solicitara declarar por escrito al alegar que no podía desatender sus obligaciones en el BCE al desplazarse a Madrid.

El instructor rechazó la posibilidad de enviar el interrogatorio por escrito a De Guindos, así que finalmente ha decidido que preste declaración por videoconferencia, según consta en otra providencia.

Banco Popular llevó a cabo en la primavera de 2016 una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Durante todo ese tiempo, su entonces presidente, Ángel Ron, defendió la situación "inmejorable" del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las "irregularidades contables" de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital. La resolución de la entidad, ya con Ron fuera y con Emilio Saracho al frente, tuvo lugar el año siguiente y el Banco Santander compró la entidad por un euro.

El juez Calama investiga, por tanto, dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables de 2016 y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.