Tegucigalpa. Viene una batalla legal. Mientras el presidente Porfirio Lobo dice que el contrato de Westport debe anularse, el ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez, responde que Honduras enfrentará demandas porque el gobierno fue quien incumplió.

Las declaraciones las brindó el presidente Lobo en el marco de la reunión anual de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), y las del ex funcionario fueron brindadas en su casa de habitación, a casi 24 horas después de que “renunciara” a su cargo.   

“En el contrato -de Westport- creo que la firma ha incumplido y si ha incumplido, ha incumplido, y hay que anular el contrato”, expresó el mandatario.

El presidente Lobo añadió que “el pueblo hondureño juzgue cuál fue el proceder del ex gerente de la ENEE”.

El sector privado señaló en su momento que la firma Westport violentó el referido convenio al no presentar una garantía financiera por US$1,3 millones durante los primeros 15 días laborables después de la entrada en vigencia del contrato.

El convenio fue aprobado por el Congreso Nacional el 17 de noviembre de 2011. En su capítulo número tres se establece que el contrato entró en vigencia cuando fue publicado en el diario oficial La Gaceta, esto ocurrió el 24 de noviembre de 2011.  

La firma Westport tampoco gestionó los permisos ambientales para comenzar a operar en el país, según declaraciones del secretario de Recursos Naturales y el Ambiente, Rigoberto Cuéllar.  

¿Quién falló? Para el ex gerente de la ENEE, quien incumplió con el contrato fue el gobierno porque la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República (PGR) no emitieron la denominada garantía de apoyo contemplada en el acuerdo.

“El gobierno cometió un error”, advirtió.  El miércoles de la presente semana, el entonces gerente de la ENEE dijo en un evento público que el Congreso Nacional, a través de la aprobación del referido contrato, ordenaba a estas instituciones que emitieran esta garantía que obliga al estado de Honduras a pagar el monto de la generación eléctrica a esta firma en caso de que la ENEE incumpla.

La viceministra de Finanzas, Evelyn Bautista, respondió en su momento que ni la firma Westport y tampoco la ENEE u otra entidad gubernamental o privada solicitaron ante su instancia o ante la PGR la denominada garantía de apoyo.

Amenazas. El ex funcionario advirtió, en el marco de la conversación informal, que el Estado de Honduras podría enfrentar un problema similar al caso de Temístocles Ramírez de Orellano.

El empresario cubano norteamericano, presidente de la Sociedad Mercantil Ganadera de Trujillo S.A., compró en enero de 1975 más de 5.764 hectáreas a un precio de 156.851 lempiras.

Luego de enfrentar varios problemas por la tenencia de la tierra, Ramírez de Orellano demandó al estado en cortes de EE.UU.

El empresario logró un fallo favorable el 5 de julio de 1990 y se obligó al Estado hondureño a pagarle cerca de US$16 millones.