Tegucigalpa. El presidente Porfirio Lobo vetó "ya días" el "zarpazo" migratorio aprobado en secreto el pasado 14 de diciembre por el Congreso Nacional (CN).

El titular del Ejecutivo confirmó este viernes que el grosero incremento de US$34 (US$17 por entrar y otros US$17 por salir) al costo de los pasajes aéreos quedó sin efecto tras un contundente rechazo de la población hondureña.

El gobierno aseguró que el "trancazo" migratorio que se pretendió imponer por concepto de servicios de seguridad biométrica en las terminales aéreas del país fue vetado en "tiempo y forma", sin dar a conocer mayores detalles.

"Ya está vetada; el presidente solo tiene 10 días hábiles para vetar o sancionar;  lo que pasa es que toma un tiempo poco largo lo que es el traslado de los expedientes al Congreso, pero las dos leyes están vetadas", aseguró el presidente de la República en declaraciones a la prensa en la ciudad de San Pedro Sula.

El mandatario confirmó el veto cuatro días después de que el poder Ejecutivo anunciara mediante un comunicado oficial la "revisión" del misterioso contrato suscrito a espaldas del pueblo hondureño entre el ministro del Interior, Áfrico Madrid, y la empresa estadounidense Securiport, el cual luego fue aprobado en secreto por el Poder Legislativo.

"Ya está vetado, no es ley; una ley es ley cuando se publica, si no ha sido publicada no es ley. No está sancionada, no está publicada, no es ley y fue vetada en tiempo y forma", precisó Lobo Sosa ante las interrogantes de la prensa sin dar a conocer qué pasará con el contrato de seguridad biométrica que ya había sido pactado entre el gobierno y la empresa estadounidense Securiport.

De vuelta al CN. Ahora, todo dependerá de lo que ocurra en el Congreso Nacional, porque una vez vetado el decreto 252-2011, este debe retornar a la cámara legislativa, donde el pleno lo someterá a los diputados que podrían definir con dos tercios de los votos si el contrato es aprobado "constitucionalmente".

Sin embargo, el diputado del Partido Liberal, Alfredo Saavedra, ha sido claro y afirma que es poco probable que ocurra esa posibilidad, sobre todo porque después de los cuestionamientos al contrato no hay "ambiente" para lograr esa mayoría calificada (dos tercios de los votos).

Entonces lo que se podría esperar, en aras de evitar una demanda de la empresa Securiport, es que el presidente Lobo Sosa autorice la negociación de un nuevo contrato con la compañía.

En el caso que el nuevo contrato contemple siempre un ingreso de US$34 por cada viajero extranjero que utilice los aeropuertos internacionales, se ha dicho que el dinero ya no lo pagarían los viajeros sino el gobierno.

En ese sentido, la tasa de seguridad aeroportuaria podría salir de los fondos de la tasa de seguridad que aprobó el Congreso Nacional, con la que pretende recaudar unos 1.500 millones de lempiras (US$77.370 millones) anuales (7.500 en cinco años, equivalente a US$386.851 millones).

Pero también existe la posibilidad de que el gobierno negocie un nuevo contrato con una tasa inferior a los US$34 que había negociado en el decreto 252-2011.

Securiport emitió un comunicado este jueves en el que advertía que ellos habían cumplido con todos los requisitos legales establecidos en la ley para firmar el contrato.

La empresa también expresó que habían invertido en el país porque les garantizaron "seguridad jurídica", dejando entrever posibles acciones legales en contra del Estado.

Sin embargo, no hay posición oficial de la compañía en torno a entablar una demanda.

Se esperaba que este jueves arribaran al país los representantes de Securiport, para conocer la última decisión del gobierno.

El convenio entre la empresa y el gobierno establece que Securiport cobraría US$17 por cada vez que un viajero internacional salga y otros US$17 por entrar al territorio nacional.

El contrato dice que la Secretaría del Interior acepta que "Securiport reciba el pago de honorarios de US$17 por cada pasajero que entre y cada pasajero que salga de la República de Honduras a través de los aeropuertos internacionales".

Este valor será como pago del servicio del registro biométrico que Securiport realizará en 22 puntos migratorios, incluyendo los cuatro aeropuertos internacionales.

Es de mencionar que el 24 de marzo de 2011 el poder Ejecutivo aprobó el acuerdo 29-2011, que autorizaba a la Secretaría del Interior para que firmara, sin licitación, un contrato para adquirir los servicios de una empresa que vigilara, con mecanismos avanzados, el ingreso y salida de nacionales y extranjeros del país.

El ministro del Interior, Áfrico Madrid, procedió a firmar el contrato con la empresa Securiport por 10 años el 9 de mayo de 2011, lo que demuestra que las negociaciones estaban avanzadas.

Pese a ser aprobado a mitad de año, el Congreso Nacional esperó hasta el mes de diciembre, en las últimas sesiones y en horas de la madrugada, para aprobar el decreto 252-2011.

El objetivo de esta contratación, según el convenio, es que mediante la nueva tasa de seguridad que se crea se mejore la vigilancia en las aduanas para evitar la infiltración del crimen organizado.