San José, EFE. La opinión pública de Costa Rica ha demostrado en los últimos años tener poder para forzar al gobierno de turno a revocar contratos de concesión de diversos tipos con empresas extranjeras.

El caso más reciente es el de la firma brasileña OAS, que ya no se encargará de un proyecto valorado en US$523,7 millones para modernizar un tramo de carretera de 58 kilómetros, que despertó todo tipo de protestas entre la población durante el último mes.

La presidenta Laura Chinchilla, quien en marzo pasado anunció con bombos y platillos un proyecto que definió como de "gran importancia nacional", debió retractarse públicamente el pasado lunes tras sufrir las más ácidas críticas de parte de los ciudadanos.

"En resguardo de los más altos intereses he tomado la decisión de poner fin a la concesión de la carretera. La decisión se basa en mi responsabilidad de garantizar la paz social de nuestro país y la urgencia de seguir buscando opciones para renovar la ruta", aseguró la mandataria en un mensaje televisado al país.

Los costarricenses mayoritariamente se opusieron a la concesión por considerar excesivo el peaje de ocho dólares que se iba a cobrar por el uso de la carretera, así como el costo total de la obra.

Pero el de OAS no es un caso único. Dos compañías petroleras y una minera han sufrido la misma suerte en el país centroamericano.

La firma estadounidense Mallon Oil Company mantiene una disputa legal para tratar de obligar al país a firmar un polémico contrato de exploración y explotación petrolera en la zona norte del país, pues en el 2000 ganó una concesión.

Sin embargo, desde ese año se presentaron unas 200 apelaciones y recursos legales que se terminaron de resolver en 2011.

Ese mismo año Chinchilla, atendiendo al clamor popular, firmó una moratoria de la explotación petrolera por tres años, con lo que suspendió las concesiones pendientes, como la de Mallon Oil.

Una situación similar enfrentó en 2005 la petrolera Harken Holding, también estadounidense, que tenía desde 1998 un contrato de concesión por 20 años para explorar yacimientos en el Caribe costarricense.

El proyecto nunca contó con el apoyo de los ciudadanos, que se lanzaron a la calle hasta que el entonces presidente, Abel Pacheco (2002-2006), emitió un decreto de moratoria petrolera.

En ese momento, el Gobierno rescindió el contrato argumentando que había incumplimientos de parte de Harken.

El decreto de Pacheco declaró la "caducidad" del contrato "sin ninguna responsabilidad para el Estado costarricense", pero actualmente el país se enfrenta a una demanda de la empresa.

Sin embargo, las mayores protestas en contra de una concesión las enfrentó la minera canadiense Infinito Gold, que pretendía excavar una mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país.

Las movilizaciones contra el proyecto fueron grandes y se mantuvieron durante años, acompañadas por múltiples procesos judiciales hasta que un tribunal declaró nulo el contrato en 2012.

La minera inició en 1995 la exploración en la zona de Las Crucitas, cercana a la frontera con Nicaragua, donde esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro en los diez años de concesión.

La empresa inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.

Por esta razón, y tras años de disputas legales y manifestaciones en la calle, la compañía anunció hace algunos días que demandará a Costa Rica por US$1.092 millones.

La cantidad que reclama corresponde, según Infinito Gold, a 92 millones que ya había invertido en 20 años de estudios y una primera fase de construcción de la mina, y US$1.000 millones que dejará de percibir al frustrarse el proyecto.

El analista político Claudio Alpízar explicó a Efe que este "poder ciudadano" responde a "una sociedad con una democracia más sofisticada" que exige nuevas habilidades de parte de la clase gobernante.

"Los políticos siguen intentando gobernar con recetas viejas, creyendo que por el simple hecho de ganar las elecciones tienen legitimidad para tomar cualquier decisión. El pueblo se ha encargado de demostrarles que no es así, que se deben abrir nuevos espacios de intercambio social", explicó.

Alpízar reconoce que estas decisiones pueden tener un impacto negativo en la imagen del país en cuanto a seguridad jurídica para las empresas, pero sostiene que como ejercicio democrático fortalecen a la sociedad costarricense.