Maracaibo. La producción de crudo en las áreas de más antigua explotación petrolera en Venezuela se estancó y en algunos casos cayó, debido a los problemas que tuvieron las empresas para conseguir financiamiento, dijeron fuentes de los proyectos.

El gobierno de Hugo Chávez volvió a amenazar recientemente a las empresas mixtas que operan campos maduros, conformadas por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y firmas privadas, con retirarles los permisos si no cumplen las metas de bombeo que se fijaron cuando fueron estatizadas en 2006.

Pero directivos de algunas compañías se quejan de que en abril el Ministerio de Energía endureció los impuestos que rigen en el país socio de la OPEP, lo que habría afectado créditos que habían sido negociados con bancos extranjeros para financiar los proyectos .

"Algunas empresas ya tenían créditos amarrados e incluso pre-aprobados, pero el ajuste del impuesto derrumbó los planes", dijo un director de una compañía privada, que prefirió el anonimato por no estar autorizado para declarar.

Por acumular hasta un siglo de explotación ininterrumpida, estas áreas requieren de elevadas inversiones para detener o revertir la declinación natural de los yacimientos.

Estas empresas mixtas reúnen una capacidad de producción de 400.000 barriles por día -alrededor de 15% del total del país- y, aunque desde el Gobierno no ha dado cifras detalladas de extracción de este año, muchas firmas participantes aseguran que el bombeo va en caída.

"Para revertir la declinación de los campos se requiere aplicar técnicas de recuperación secundaria y en la gran mayoría de los casos el horizonte de recuperación de las inversiones no da", agregó la fuente.

Cálculos de las propias compañías apuntan a que se requieren al menos unos US$1.000 millones para sacar a un puñado de empresas del estancamiento y elevar la extracción en otras para alcanzar las metas fijadas por el Ministerio.

Mientras algunas recurren a sus casas matrices en busca de capital, el ministro de Energía, Rafael Ramírez, ha advertido que las más pequeñas tendrán que fusionarse para sobrevivir, pues PDVSA tiene enfocadas sus inversiones en áreas de más reciente explotación, como la exigente Faja del Orinoco.

Entorno desfavorable. Las firmas comenzaron a presentar planes de alza de producción, basados en la ejecución de inversiones extraordinarias, tras una carta enviada por el ministro Ramírez a finales del 2010 a las empresas que operan campos maduros;

El gobierno aceptó los planes, pero meses después anunció un considerable incremento en el impuesto a los "precios exorbitantes del crudo" que, aunque excluye la producción incremental de los campos maduros, grava la extracción actual, poniendo en jaque su rentabilidad.

Una fuente de una firma extranjera con varios activos en Venezuela dijo a Reuters que ante un entorno económico difícil, el ajuste tributario minimizó las oportunidades de obtener crédito privado en el exterior.

Estos financiamientos son cada vez más imprescindibles para elevar el bombeo pues, desde que fueron estatizadas, las empresas mixtas sufren de constantes problemas de flujo de caja por el tardío pago de dividendos de la estatal.

A esto se suman los recortes de presupuesto ejecutados por Pdvsa en 2009, en medio de la debacle de precios del crudo.

La falta de inversión estaría afectando particularmente al occidental estado Zulia, que desde hace dos años sufre una caída apreciable de producción, con pocas excepciones como campo Boscán, en donde participa Chevron, y Urdaneta, en donde interviene Shell.

"Las empresas mixtas de Occidente tienen una declinación acelerada difícil de revertir. Sólo los campos más grandes pueden realizar inversiones recuperables, a los medianos y pequeños no les dan los números", dijo un directivo de una empresa asentada en el estado Zulia.

Pero el gobierno no abandona la idea de forzar un incremento de producción en los campos maduros.

"Creemos que el sector privado puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora", dijo Ramírez el mes pasado en un congreso petrolero, tras insistir en que las licencias podrían ser retiradas si las metas de bombeo no se cumplen.