Montevideo. Productores rurales y propietarios de campos de Uruguay fustigaron este sábado una ley del Gobierno para incrementar los tributos a grandes extensiones de tierras, que busca evitar la concentración de terrenos e invertir los fondos adicionales en infraestructura.

La posición de los sectores rurales se enfrenta con la del presidente de Uruguay, el izquierdista José Mujica, quien volvió a defender la iniciativa de ley que generó divisiones al interior del Gobierno y fue enviada en agosto al Congreso.

El proyecto es considerado por el sector agropecuario como una amenaza para la llegada de nuevas inversiones, puesto que plantea un cambio en las reglas de juego que comprometieron las autoridades.

"Este impuesto que se propone no es bueno para la imagen del país, para los empresarios, para la población, no es bueno de la primera a la última letra", dijo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), José Bonica, en el discurso de clausura de la feria rural "Expo Prado 2011".

Bonica destacó que "la herramienta que ha elegido el Gobierno no es idónea" y que "el efecto será neutro o negativo y va a acentuar la concentración, si existiera".

Pero Mujica defendió en su discurso el tributo, puesto que el valor del suelo se ha cuatriplicado en la última década.

"Yo soy el responsable intelectual de pedirle a la gente fuerte de mi país que ponga unos pesos proporcionalmente (…). Creo y estoy convencido que pueden y deben porque la gran propiedad tiene responsabilidad social", enfatizó.

El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que analiza el Parlamento, establece un régimen tributario por franjas en función de la superficie: unos US$8 por hectárea a las extensiones de entre 2.000 y 5.000, US$12 dólares hasta 10.000 y US$16 dólares a las tierras que superen las 10.000 hectáreas.

Con esta herramienta, el Gobierno pretende recaudar unos US$80 millones de dólares para mejorar las malas condiciones de rutas nacionales y caminos rurales por donde se transporta la mercadería.