Buenos Aires. La provincia que más crudo produce en Argentina, la sureña Chubut, estaría lista para quitarle este miércoles dos concesiones a la petrolera YPF debido a que no cumplió con los objetivos de aumentar la producción de hidrocarburos, declaró un portavoz del gobierno de ese distrito.

Chubut y la también patagónica provincia de Santa Cruz emplazaron la semana pasada a YPF, la mayor empresa del país y filial de la española Repsol, para que presente un plan de inversiones hasta la medianoche del martes (03:00 GMT).

YPF presentó este martes un descargo en el que afirma que cumplió con los lineamientos de inversión estipulados para las áreas observadas en las dos provincias, aunque no dio detalles de inversiones a futuro.

"Estaríamos revirtiendo porque no cubre las expectativas el informe que presentó YPF", dijo este martes el portavoz de Chubut, quien detalló que el gobierno provincial está redactando una respuesta por escrito a la empresa.

El plan debía servir para revertir lo que consideraron un cumplimiento por debajo de lo comprometido en materia de producción, evolución de reservas e inversión por YPF en esos distritos, que como el gobierno federal responsabilizan a la empresa por la caída en la extracción de crudo y gas que obliga al país a realizar millonarias importaciones de combustibles.

El gobierno de Chubut, que produce el 30% del crudo que se extrae en Argentina, decretaría la caducidad de las concesiones a YPF de los campos El Trébol-Escalante y Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón Perdido.

Esos campos representan el 7% de la producción total de YPF en el país sudamericano, según datos oficiales.

Santa Cruz y Chubut son gobernadas por aliados de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que está presionando a YPF a aumentar sus inversiones.

En una reciente reunión de directorio, el director estatal en la empresa votó en contra del reparto de dividendos a los accionistas y dijo que YPF debe invertir esos recursos en apuntalar su producción.

La decisión de las provincias de intimar a la petrolera se produjo en medio de la fuerte disputa del gobierno con la empresa, culpada por la persistente caída de la producción de hidrocarburos en el país.

Chubut y Santa Cruz, que concentran más de la mitad de la producción de crudo de Argentina, deben decidir si retiran las áreas de exploración y producción concesionadas a la empresa a partir del análisis de los documentos presentados por YPF.

En el caso de Santa Cruz, que concentra el 20% de la producción de petróleo de Argentina, el gobierno provincial advirtió que podría quitar las concesiones de Barranca Yankowsky, Cerro Guadal Norte-Cerro Piedras y Los Monos, que representan un 0,7% de la extracción total de YPF a nivel nacional.

La semana pasada, las provincias de Neuquén y Mendoza también reclamaron a YPF por la falta de inversiones.

La demanda energética se incrementó con fuerza en Argentina en los últimos años, al ritmo de un fuerte crecimiento económico, pero la expansión no fue acompañada por nuevas inversiones en el sector.

Las reservas argentinas de crudo y gas natural cayeron un 15% y un 31% entre el 2007 y el 2010, respectivamente, y muchos analistas consideran que ese declive obedece mayormente a las regulaciones estatales sobre precios, que desalientan la inversión en exploración y producción.

Las acciones de YPF subieron un 1,86% este martes, a 131,8 pesos, tras caer más de un 20% en lo que va del 2012.

Descargos. Una fuente de la industria dijo que, en su descargo ante Chubut, YPF señaló que cumplió con las pautas de inversión establecidas en la Ley de Hidrocarburos para las áreas analizadas, que en ningún momento dejó de invertir en las concesiones y que desembolsó sumas millonarias para operarlas.

Además agregó que la firma indicó que en Chubut aumentó sus inversiones ininterrumpidamente desde 2009, hasta 350 millones en el 2011.

En el caso de Santa Cruz, YPF dijo que también incrementó sus inversiones en la provincia a casi US$1.000 millones en los últimos cuatro años hasta 2011 y pidió a sus autoridades que fijen un plazo razonable para la intimación, ya que el establecido resulta "irrisorio".