Ecuador aceptó un acuerdo con la estadounidense Occidental para cancelar una millonaria indemnización, pese a que no acepta la sentencia del tribunal arbitral, debido a que la petrolera podía cobrar los recursos en una tercera nación, dijo este martes el procurador del Estado, Diego García.

El país andino acordó con la petrolera el pago de unos US$980 millones hasta abril como parte de la indemnización que le ordenó cancelar un tribunal arbitral adscrito al Banco Mundial por retirar la concesión a Occidental en mayo del 2006.

"Más allá de la claridad del Ecuador respecto de sus argumentos (…), estamos conscientes que el laudo es ejecutable y que si el Ecuador no cumple, aún teniendo la razón, podría ser ejecutado en cualquier país donde sean exigibles los acuerdos", dijo García al canal de televisión Ecuavisa.

El gobierno ha dicho que dentro de la negociación obtuvo un descuento de casi el 18% del monto fijado por el Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) de unos US$1.061 millones más intereses.

Las autoridades han dicho que con intereses la deuda alcanzaba a unos US$1.400 millones.

El pago a la petrolera es un duro golpe para el país andino que enfrenta en su economía dolarizada los efectos de la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar.

García explicó que el descuento logrado por el país corresponde a un cruce de cuentas por deudas tributarias y pago de utilidades pendientes entre las partes, y que los recursos deberían constar en el presupuesto del Estado para este año.

"Cualquier obligación que asuma el Estado debe estar respalda por una partida presupuestaria, y para la firma del acuerdo transaccional con Occidental se contó con una partida presupuestaria otorgada por el Ministerio de Finanzas", añadió.

El litigio con Occidental comenzó en el 2006 tras el retiro de la concesión a la petrolera, a la que el Gobierno acusó de haber transferido derechos de su contrato a terceros sin la autorización de las autoridades locales.

En el 2012, el CIADI ordenó el pago de una indemnización de unos US$1.770 millones, pero tras el pedido de nulidad de Ecuador, esa cifra se redujo en unos US$700 millones.