La medida era la única vía que tenía para evitar un proceso judicial que podría alcanzar, de acuerdo a los antecedentes, los US$3.500 millones de parte de 7.000 ex trabajadores de Varig en Brasil, la compañía que fue socia de Pluna ente 1995 y 2005.

El Estado uruguayo era el principal interesado en que Pluna SA fuera a la quiebra y lo hiciera en forma repentina como aconteció el pasado jueves por la noche. Suena extraño. Pero esta era la única vía que tenía para evitar un juicio millonario que podría alcanzar, de acuerdo a los antecedentes, los US$3.500 millones de parte de 7.000 ex trabajadores de Varig en Brasil, la compañía que fue socia de Pluna ente 1995 y 2005.

Cuando apenas el Estado llevaba dos semanas a cargo de la gestión de Pluna, luego de la salida del grupo inversor LeadGate, y se aprestaba a buscar un socio privado que resolviera los problemas de liquidez de la aerolínea, una noticia sacudió al ejecutivo que no tuvo otra alternativa que declarar la quiebra de la empresa, para evitar daños mayores, según explicaron fuentes oficiales a El Observador.

El viernes 29 una sentencia en primera instancia de la Justicia de Brasil dejaba azorados a los ministerios de Economía y Transporte. Un fallo daba la razón a dos trabajadores de Varig por un monto de US$500 mil cada uno contra Pluna SA, luego de un cambio en la interpretación de la quiebra empresarial de la aerolínea brasileña. De acuerdo a la nueva sentencia, se entendía que Pluna integraba el grupo económico de Varig y por lo tanto era responsable por las obligaciones laborales de la compañía brasileña, incluso cuando los reclamantes nunca habían trabajado para Pluna. Hasta ahí, quizá el tema no era tan grave, pero esta sentencia automáticamente abría el camino a 7.000 potenciales demandas del resto de los trabajadores con un costo potencial de US$ 3.500 millones.

“Había un riesgo jurídico, y el Estado tenía que tomar los recaudos para tomar una decisión”, dijo la fuente. Agregó que este juicio dejó de ser una “amenaza potencial” como lo venía manejando el gobierno hace una semanas atrás a una “realidad” que no se podía evitar. El Ejecutivo “no esperaba” un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Con esa decisión de la justicia, se corría el riesgo de que alguna aeronave de Pluna SA que estaba volando a Brasil pudiera ser confiscada por parte de las autoridades brasileñas como garantía.

Por ese motivo, de alguna manera el paro que aplicó el sindicato a partir del martes y que se extendía hasta este viernes a mediodía jugó a favor de los intereses del Estado. Por esa situación, las 13 aeronaves estaban en el aeropuerto de Carrasco cuando el ejecutivo decidió declarar el concurso y el cierre de la aerolínea, lo que evitó que fueran confiscadas en terceros países a pedido de acreedores locales.

Por otro lado, otro factor que también favoreció al Estado fue que LeadGate había dejado la gestión de Pluna SA. Esto porque cuando el grupo arribó a Pluna en 2007, se acordó que todos los juicios y reclamos por situaciones anteriores a su llegada serían responsabilidad del gobierno uruguayo. Por tanto, la demanda de Varig con la aerolínea funcionado hubiera colocado al Estado en un “brete” jurídico porque se vería obligado a declarar la quiebra de Pluna SA para evitar el pago del juicio, pero también negociar con el accionista mayoritario para su desvinculación.

El Estado uruguayo ya había solucionado en el pasado la desvinculación de 240 trabajadores que compartía con la brasileña Varig. La demanda potencial de estos 7.000 trabajadores estaba por fuera, porque se entendía que pertenecían exclusivamente a Varig. Pero la sentencia cambió esa situación y habilitó el reclamo ante Pluna. Con la quiebra se cerró esa posibilidad

La salida. El poder Ejecutivo está terminando de ajustar un proyecto de ley –que analizará el Consejo de Ministros el lunes– que intentará reestablecer la conectividad que dejó vacante Pluna SA en el menor tiempo posible.

La opción más firme que será considerada es la realización de una subasta abierta que incluirá los siete aviones Bombardier con garantía estatal, además de las frecuencias del puente aéreo (Buenos Aires-Montevideo) asignadas a Uruguay que utilizaba Pluna en exclusividad. También se buscará incluir en el paquete la contratación de al menos parte de la plantilla de trabajadores de la aerolínea en Uruguay, que hoy están en el seguro de paro. Los otros seis aviones que se compraron por leasing se intentarán devolver sin que eso tenga un costo.

Según supo El Observador, el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Parlamento este lunes tendrá entre sus cometidos “acelerar” el proceso de liquidación de una empresa que hoy ronda los 90 días según la ley de concursos.

Con la subasta de los siete aviones, el Estado espera saldar el pasivo de US$ 140 millones que tiene Pluna SA con garantía estatal ante el Scotiabank. Además, obtendría recursos para saldar los créditos laborales con los trabajadores que perdieron su fuente de trabajo.

Por otro lado, también está definido que el proyecto de ley eliminará a Pluna Ente Autónomo. Para esto se requiere mayoría de dos tercios de los votos en el Parlamento. Aún no está del todo claro si en la subasta que realizará el Estado, optará por tener participación en la nueva aerolínea, o decidirá que se cree con 100% de capital privado.

El socio que no fue. El Poder Ejecutivo tenía una expectativa importante en que la canadiense Jazz hiciera uso de la opción para quedarse con 75% de Pluna. Es una empresa con respaldo financiero y conocimiento del negocio aéreo. Finalmente, quedó descartada.

El plan B en stand by. Ante una posible respuesta negativa de Jazz, el gobierno tenía avanzada una negociación para la llegada de López Mena a Pluna SA. Otra opción que quedó por el camino, aunque todavía hay chance de que López Mena compre los activos de Pluna.

El costo. Más allá del costo político que asumió el gobierno de José Mujica por el cierre de la aerolínea, también está el económico por la incidencia que tenía Pluna en el arribo de turistas para el país. También se pierden 900 puestos de trabajo.