A mediados de febrero, en una de las últimas actividades presidenciales antes de terminar su mandato, Sebastián Piñera viajó a Iquique a entregar la cuenta pública de su gestión. Allí fue recibido con piedras en la mano por aproximadamente 50  trabajadores de las empresas pesqueras Camanchaca y Corpesca. Los manifestantes se quejaban por el resultado del Fallo de la Corte de la Haya en la disputa con Perú y por los perjuicios causados por la imposibilidad de salir a pescar anchoveta.

Lo curioso es que esta prohibición no fue impuesta por la autoridad. Fue una “restricción de captura voluntaria” aplicada en diciembre, según Corpesca, tras detectar que el tamaño de los especímenes era demasiado pequeño, arriesgando su ciclo de vida. Los trabajadores exigían del gobierno que se decretara un “veda” con lo que las empresas están obligadas a pagar los días no trabajados.   

El que las empresas estén dispuestas a auto imponerse restricciones de captura habla de lo delicada de la situación de la industria pesquera, afectada por la escasez de los otrora abundantes recursos marinos de las costas chilenas, hoy llevados al límite por la sobre explotación.

Una nueva ley que regula al sector, y que en febrero cumplió un año de vigencia, cambia los criterios para determinar la extracción permitida al año por especie, conocidas como “cuotas pesqueras”, y busca iniciar el rescate de la otrora exitosa industria de la pesca chilena. La primera consecuencia de ella fue la importante baja en estas cuotas: cayeron 16% en comparación con las de 2013 y son 40,8% más bajas que en 2011. Ya se sienten los ajustes en la actividad.
Los desembarques extractivos pesqueros de 2013 --no incluyen la acuicultura- disminuyeron 28,6% respecto del año anterior, llegando a 1,8 millones de toneladas, según la subsecretaría de Pesca. Esta cantidad es sólo un tercio de lo que se pescaba hace 15 años: en 1999 el desembarque fue de 5, 3 millones de toneladas (ver gráfico 1).

Las pesquerías de los principales recursos pesqueros de Chile, dice el doctor Eduardo Tarifeño, biólogo marino y académico de la Universidad de Concepción, “están en una crisis profunda debido al agotamiento de las biomasas disponibles para explotación”.

El besugo y la sardina española se encuentran colapsadas, mientras que otra diez pesquerías están sobreexplotadas, (entre ellas, el jurel, la merluza común y de cola, el congrio dorado y bacalao de profundidad norte y sur), “lo que implica que si no se toman las medidas necesarias y oportunas existe un riesgo de agotar o colapsar a éstos en el mediano plazo”, dice el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea. Otras 15 especies se encuentran en plena explotación, “es decir el recurso se administra de manera sustentable”. Este fue el balance que arrojó la cuenta pública del estado de los recursos elaborado por Subpesca en marzo de 2013.

La industria pesquera chilena está pasando por una severa crisis, dice Alex Muñoz, director ejecutivo de la ONG Oceana. “Casi todos los sectores pesqueros están sobreexplotados y algunos en estado de colapso. El caso más dramático es el del jurel que en sólo 15 años bajó de 4,5 millones de toneladas a cerca de 200.000 toneladas al año, lo cual revela un agotamiento muy significativo de este recurso”.

Pero el mayor problema está en el sur. “Las pesquerías demersales o de fondo, entre las cuales se encuentran las merluzas, están en una condición más complicada, algunas de ellas en sobre explotación, y con fuertes caídas en las cuotas de captura establecidas por la autoridad”, dice Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca que agrupa a más de 40 empresas del sector. Esto, “causará fuertes impactos sociales y económicos”.

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A fines del año pasado Oceana pidió al gobierno que implemente “de forma urgente” un plan de recuperación para la merluza común “debido al dramático descenso que ha experimentado este recurso”. Las capturas cayeron 70% entre 2001 y 2012 “y se encuentra al borde del colapso”, dijo el organismo en un comunicado.

Dame más. Un mix poco saludable de razones gatillaron esta situación. “Ha sido consecuencia principalmente de la sobrepesca ejercida sobre ellas”, dice el profesor Tarifeño. “Las cuotas eran fijadas con criterios basados en los requerimientos e intereses de los sectores industriales y artesanales, más que tomando en cuenta las recomendaciones científicas para la conservación de los recursos”, dice. Además, se “ejercieron presiones sobre la institucionalidad para lograr su aumento”.

Una explotación de los recursos pesqueros “que no ha estado centrada en la sustentabilidad y no ha asumido que las pesquerías deben iniciar prontamente una fase de recuperación, provocó que primara el círculo vicioso de la explotación irracional por sobre el virtuosismo de una explotación sustentable”, dice Galilea.

A lo anterior, explica Tarifeño, hay que agregar que los sistemas de control de los desembarques eran sesgados o manipulados, “siendo las estadísticas oficiales aproximadamente 80% de los desembarques reales”.

En algunos casos, “también han influido las adversas condiciones ambientales en momentos de reclutamiento de los nuevos individuos a las poblaciones explotables”, dice Tarifeño. Un ejemplo de esto lo da Bacigalupo: “En el caso de la merluza común, fue la irrupción de una masa excesiva de jibias. Esta especie de calamar gigante “durante varios años se comió 300.000 toneladas anuales de merluza, casi tres veces sobre la cuota de captura global establecida para esos años”.

Aunque no todo es culpa de los pescadores chilenos, dice el dirigente. “La sobre explotación del jurel se produjo por la pesca excesiva ejercida por las flotas extranjeras de aguas distantes en la alta mar aledaña, que llegaron a capturar 500.000 toneladas, un 30% adicional, a la recomendación científica”. Pero no todos están de acuerdo con esta teoría. “La industria pesquera chilena siempre le ha echado la culpa a las flotas extranjeras por la baja en  el jurel, pero lo cierto es que fue el sector pesquero chileno el que depredó durante cerca de 20 años esta especie prácticamente sin límites”, dice Alex Muñoz de Océana.

En el resto del planeta, la situación de la pesca no es muy distinta a la de Chile. “Prácticamente todas las pesquerías en el mundo están en estado de crisis por sobreexplotación”, dice Tarifeño. “El 75% de las poblaciones de peces de la Unión Europea están sobreexplotadas, mientras que el promedio a escala mundial es del 25%”, dice el subsecretario.

¿Por qué? El académico explica que “el aumento de la demanda por productos pesqueros junto con el desarrollo de sofisticadas tecnologías de prospección y pesca, ha llevado a que los recursos pesqueros han sido agotados”.

A esto, dice Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana, “se han añadido factores como el exceso de subsidios pesqueros que aumentan la sobreexplotación y también promueven métodos de pesca destructivos como la pesca de arrastre”. Entre los países que más subsidian están en la Unión Europea y en algunos asiáticos.  

Pero al margen del debate por el origen de esta situación, lo cierto es como primera medida para recuperar la biomasa, la autoridad impuso una drástica reducción en las cuotas de algunas especies para 2014 (ver gráfico 2). Pese a la delicada situación del jurel, su cuota subió un poco en 48 mil toneladas comparada con el año pasado, debido a que esta especie fue la primera en colapsar, y por tanto, la drástica reducción de su cuota se produjo en 2010.

Las repercusiones de las nuevas cuotas varían según la zona del país, dice Galilea. “En la sur-austral en las pesquerías demersales como la merluza austral, el congrio y el bacalo hubo una disminución muy significativa y ahí, efectivamente, va a haber un impacto económico y social en la industria y la pesca artesanal”. Al contrario, “en la zona norte y la centro-sur la disminución no es tan importante, la pesca puede subsistir sin mayores inconvenientes”, dice.

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Otra luz de esperanza para la recuperación de las pesquerías, la da la nueva Ley de Pesca que cumple un año de vigencia. En ella, se cambió el organismo que determinaba las cuotas pasando del Consejo de Pesca -compuesto por autoridades, sindicatos, organizaciones de pesqueros artesanales y representantes de las empresas-, a los Comités Científico-Técnicos. Éstos últimos, “están formados por expertos nombrados por sus competencias científicas personales y no como representantes de los sectores industriales o artesanales”, dice el académico.

Pero, la nueva ley da la posibilidad de revisar las cuotas. La autoridad está evaluando elevar la correspondiente a la merluza durante este año, dependiendo si los estudios científicos avalan esa decisión. Para esto, ya recibió antecedentes de estudios financiados por el Fondo de Investigación Pesquera (FIP) y del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

Se acaba la fiesta. La disminución de las biomasas, y la consecuente baja de cuotas, ha dejado secuelas para las más de 100.000 personas que dependen de esta actividad. “El sector pesquero nacional ha perdido competitividad económica”, dice el subsecretario.

Y tanto en lo macroeconómico como en la realidad cotidiana de las empresas. Debido a la baja en los desembarques, “desde el 2010 al 2012, el sector pesca (que no incluye a las plantas de proceso), representó  0,5% del total del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo en 2013, se registró un leve descenso reflejado con 0,38% de participación en el PIB total, alcanzando US$691 millones”, dice la autoridad.

Pesquera Iquique-Guayane (Igemar), la sociedad matriz del sector pesquero de Empresas Copec, registró una pérdida de US$44,2 millones en el tercer trimestre de 2013, mayor que la informada en el mismo lapso del año pasado, cuando su rojo fue de US$26,1 millones.

Otra grande de la industria, Blumar, tuvo una pérdida en su utilidad neta (que incluye su área acuícola) de US$10 millones a septiembre del año pasado, pero en su negocio de pesca extractiva si bien fue positiva (US$6 millones) significó una baja de 54% respecto de la utilidad de los US$14 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2012. “Ha sido un año sorpresivamente malo”, dijo a la prensa Gerardo Balbontín, gerente general de la firma.

En tanto, en el área pesquera de Camanchaca, el EBITDA al tercer trimestre fue de US$6,9 millones, inferior a los US$8,4 millones del año anterior, “influenciado totalmente por la escasez de sardina”, dice Ricardo García, gerente general de la empresa.

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Misión: sobrevivir. Ante este adverso escenario las empresas no se han quedado de brazos cerrados y están tomado medidas, dolorosas en algunos casos.

A principios de este año, Blumar y Pesquera Bio Bio decidieron iniciar temporalmente una operación conjunta en merluza común. El plan es que Blumar paralice su planta de procesos, ocupe la de Congelados Pacífico (perteneciente a Pesquera Bio Bio) y ambas reduzcan sus flotas. Esta decisión significa el despido de cerca de 200 trabajadores.

En tanto, la filial de Igemar, Orizon, paralizará las áreas de conservas y congelados para consumo humano de su planta de Coquimbo. También paralizará una planta de harina y aceite de pescado en San Vicente, región del Bio bío.  

Otra filial de Igemar, Corpesca, cuyo principal negocio es la harina y aceite de pescado, está  tratando de tomar otro rumbo. “Estamos desarrollando otras líneas de negocios- también fruto de la experiencia que tenemos en la industria de alimentación proteica- como lo que hacemos con Selecta en Brasil”, dice Arturo Natho, gerente general de la firma. En esta empresa ubicada en el estado de Minas Gerais, Corpesca posee el 60% y produce concentrado de soya. También están desarrollando “toda una gama de alimentos de consumo humano derivados del aceite, como el omega 3”.

Camanchaca también busca aumentar su cartera de productos. “Nuestra orientación es hacia un mayor valor agregado y al consumo humano, y de allí nuestros esfuerzos por aumentos de jurel congelado o en conserva, los langostinos en sus formatos para retail, y  la producción de aceite de pescado para consumo humano”, dice su gerente general. “Para el resto, como harina de pescado de anchoveta, sardina y restos de jurel, la orientación ha sido a mejorar calidades”.   

La idea del gobierno es que los trabajadores desvinculados y la pesca artesanal no se queden atrás en esta tendencia a la reconversión y para ello pondrá en marcha planes de mitigación. Acercar a los pescadores artesanales a la acuicultura a pequeña escala es un foco. “Es el futuro de la actividad, para que puedan compensar la disminución de entradas producto de las menores cuotas y porque además se transformará en una fuente de ingresos más estable”, dice el subsecretario Galilea.

Otro camino es la diversificación. “Hoy 25 especies tienen cuota, pero según el informe de Sernapesca, hay 201 especies susceptibles de ser extraídas por la pesca artesanal”, dice la autoridad. Esto ya se ha hecho en pequeñas comunidades. “Se puede lograr que los pescadores tengan varias especies en su cartera de productos para el año”, dice Galilea.

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S.O.S. Conscientes de la crítica situación, todos los actores del sector coinciden en que el mejor camino para mantener la pesca como actividad sostenible, es mejorar la información. “El punto clave es saber cuánto es el excedente biológico de la biomasa del recurso que puede ser explotada sin afectar los procesos naturales que aseguran que se podrá reponer de los peces que fueron pescados”, dice el académico Tarifeño. Para ello, hay que “disponer de mayor y mejor información científica que valide los modelos aplicados para tomar decisiones con la mirada de la conservación de los recursos”.

Por esto, tanto las empresas como el Ejecutivo están reforzando sus áreas de investigación. Este año el gobierno destinó US$ 37 millones para la investigación en pesca y acuicultura, un 32% más que el año pasado, ritmo al que han estado creciendo los recursos destinados a esta área en los últimos cuatro años, dice el subsecretario Galilea. También el IFOP está introduciendo tecnología de punta para apoyar su asesoría científica al Estado. A partir de marzo tendrá en operación un laboratorio de histología en Iquique  que ayudará a fijar la veda reproductiva de la anchoveta.  

En tanto, Corpesca es la primera empresa en incorporar la tecnología de evaluación hidroacústica, que aplica desde diciembre del año pasado. “La información que se recogió fue entregada a las autoridades y a toda la comunidad pesquera, a partir de la cual se resolvió suspender de forma voluntaria la captura de anchoveta”, dice el gerente general de la firma.

Avanzar en un enfoque ecosistémico, es clave, dice el Bacigalupo. “A estas alturas está claro que el ambiente influye mucho en la variabilidad o disponibilidad de los recursos”. En ese sentido, el director ejecutivo de Oceana dice que es necesario proteger hábitats como el fondo marino de métodos de pesca que lo destruyen.

Uno de los sistemas que lo arruinan es la pesca de arrastre, dice Alex Muñoz. “Consiste en una pesada red que va al fondo del mar y se arrastra con el barco. Arrasa con todo, se captura la especie buscada pero se lleva corales, algas y otras especies importantes para el hábitat que permite la reproducción”, explica. En Chile se usa en la extracción de merluza, camarones y langostinos, sin embargo, el año pasado se aprobó al menos la prohibición de este tipo la pesca en todos los montes submarinos, que son “verdaderas carreteras de vida”.

La pesca incidental y los descartes es otro método nocivo para la sustentabilidad marina, dice Muñoz. “Las redes son poco selectivas, capturan mucha vida marina involuntariamente que luego se descarta fuera de borda y muere”. Para evitarla, se han creado nuevos diseños de redes. Por ejemplo, con un tamaño de hoyos más grande que permite que los ejemplares juveniles huyan.

El lado amable. Pero no todo ha sido tan negativo para las empresas. La escasez de insumos para producir harina de pescado ha elevado su precio. Chile es el segundo productor mundial (después de Perú) de este producto, utilizado como alimento para la acuicultura y la producción de carne de cerdo y pollos.

A noviembre de 2013 las exportaciones de harina de pescado de Chile subieron 2,4% en valor comparado con igual periodo del año anterior (US$ 390,1 millones), pero la cantidad cayó 20% (221.162 toneladas), según la subsecretaría de Pesca. “El precio promedio pagado por kilo, que al mes de noviembre de 2013 se situó en US$1,75, significó un crecimiento del 26,8% respecto al precio promedio de igual periodo de 2012, que fue de US$1,38”, dijo un informe de InfoTrade.

Esto impulsó los resultados de Corpesca. Al tercer trimestre del año pasado, la empresa reportó utilidades de US$11,8 millones, mientras que en el mismo lapso de 2012 tuvo un resultado negativo de US$14,2 millones. “Se explica fundamentalmente por los mayores precios observados en harina y aceite de pescado”, dijo la empresa al informar su balance a la autoridad.

A pesar de la crítica situación de vulnerabilidad en que están las especies, la visión de las autoridades, organizaciones conservacionistas e industria es positiva. Una mezcla de mayor conciencia y medidas oportunas respaldan esta perspectiva.

Mientras tanto, en el norte, la situación de la anchoveta mejoró según los registros hidroacústicos que encargó Corpesca, por lo que decidió reiniciar las operaciones de su flota captura terminando la “veda voluntaria”, para tranquilidad de los trabajadores de la empresa.