Las reglas establecen que los bancos deberán contar con un Índice de Capitalización general de 10,5%, entre otros requerimientos tendientes a dotarlos de una capacidad reforzada para enfrentar eventualidades de forma inmediata.

México adoptó nuevos requerimientos bancarios al entrar en vigor en el país las medidas establecidas en los acuerdos de Basilea III en respuesta a las deficiencias regulatorias que derivaron en la crisis financiera global de 2008.

El Comité de supervisión Bancaria de Basilea informó el pasado 14 de diciembre que hasta ese día 11 jurisdicciones, entre ellas México, habían publicado sus reglas definitivas aplicables a partir de este 1 de enero.

"Otras siete jurisdicciones (Argentina, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Indonesia, Rusia y la Unión Europea) han publicado normativas preliminares y han señalado que están trabajando para concluir sus normas definitivas lo antes posible. Turquía tiene previsto publicar su normativa preliminar a comienzos de 2013", indicó el Comité.

De esta forma, México se convierte en uno de los primeros países en adoptar las medidas de Basilea III, pese a la resistencia de algunos miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Las reglas, publicadas el mes pasado por el Diario Oficial (órgano oficial del Gobierno de México), establecen que los bancos deberán contar con un Índice de Capitalización (ICAP) general de 10,5%, entre otros requerimientos tendientes a dotarlos de una capacidad reforzada para enfrentar eventualidades de forma inmediata.

La ABM está en conversaciones con la Secretaría de Hacienda y las autoridades regulatorias con el objeto de que se eliminen o difieran algunos de los requerimientos.

El presidente de la asociación, Jaime Ruiz Sacristán, no descarta que algunos bancos presenten incluso ante las cortes recursos de protección de forma individual.

Algunos bancos argumentan que acatar las medidas los llevará a limitar su crecimiento al desviar recursos de sus negocios principales para cumplir con el nivel requerido del ICAP.

Con todo, analistas financieros consideran que la entrada en vigor de las regulaciones, acordadas en 2010 y 2011 por las jurisdicciones integrantes del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, no representará un riesgo para el sistema bancario de México.