Una nota en el diario El Comercio, publicada bajo el título “Lima necesita una buena cárcel” en mayo de 1853, daba cuenta del interés del sistema público por mejorar la infraestructura penitenciaria. “Aprovechando el viaje del doctor Mariano Felipe Paz Soldán a Estados Unidos, el gobierno le ha encomendado que inspeccione las cárceles más modernas y seguras de ese país y que recoja todos los datos pertinentes, con el objeto de utilizar ese material en el momento en que se decida construir una cárcel verdaderamente ejemplar en la capital de nuestro país. También debe informarse sobre los diversos regímenes carcelarios”, decía la noticia, según reporta la investigación “Camino a la prisión empresa”, elaborada por el Instituto de Cultura y Política (ICP).

Hoy, a más de 150 años de esta breve publicación, el deseo de contar con cárceles modelo que garanticen la seguridad interna y externa de los penales sigue intacto, aunque la situación es diferente a la de hace dos siglos. Hoy son los hacinamientos y la sobrepoblación en las cárceles existentes los que obligan al gobierno a buscar un mecanismo que permita invertir en nuevas cárceles e impulsar una operación más eficiente del sistema carcelario. Para ello se optó por el sistema de moda en el mundo: la privatización de las cárceles, entregar concesiones para que sean empresas especializadas las que construyan y operen los nuevos penales que deben construirse en el país. Se trata de un plan complejo que todavía no tiene todos los detalles resueltos: no está claro el número de cárceles a las que podrán optar los privados interesados y tampoco los postores ni el presupuesto que el Estado destinará para pagar por estos servicios.

Lo que está claro es que el sistema carcelario del Perú no da para más. A diciembre de 2008, la última cifra disponible, los 79 establecimientos penitenciarios del país albergaban a 43.466 internos, teniendo una capacidad instalada para solo 23.333 internos, una sobrepoblación del 86% sobre la capacidad real de albergue. El hacinamiento es más marcado en la región Lima, que agrupa además a Áncash e Ica, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), encargado de operar el sistema carcelario del país. En esta región, con solo 17 penales, residen 22.415 presos, el 51,57% del total del país. El problema, además de la mala calidad de vida de los presos, es que el hacinamiento y la sobrepoblación impiden una adecuada clasificación y tratamiento penitenciario. Con ello, es imposible pensar en planes efectivos de resocialización o readaptación que permitan reincorporar al interno a la sociedad. “No facilita la readaptación a través de puestos laborales en los mismos centros penitenciarios, que es el medio más eficaz de reinserción social”, dice Dora Ballester, jefa de Proyecto en Establecimientos Penitenciarios de ProInversión. “Este es el punto de partida de la nueva política de Estado: la promoción de la inversión privada en establecimientos penitenciarios entregados en concesión”.

De esta forma, en abril pasado ProInversión convocó a la subasta pública internacional para la concesión de un establecimiento penitenciario ubicado en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, en la región Lima. El concesionario será responsable del diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación por 25 años de este penal con capacidad para 1.536 internos primarios no reincidentes de Lima, Ica y Áncash. La inversión bordearía los US$30 millones para la construcción y equipamiento del penal.

“Se estima que el déficit en infraestructura penitenciaria en el Perú es de 30 cárceles”.

“La concesión es el camino que se debe tomar para operar los futuros penales”, dice enfáticamente Flavio Calda, director de ICP. “En todos los penales que son administrados por el INPE o la Policía, hay hacinamiento y corrupción. Incluso, la mayoría son manejadas por los internos”. Por ello, el gobierno optó por un modelo de concesión plena, que incluya la seguridad interna y externa, obligaciones que tradicionalmente son manejadas por los organismos correspondientes del Estado.

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Para el inglés Tim Treharne, director global de la Práctica de Infraestructura de KPMG, tener a privados operando en centros penitenciarios es una tendencia que crece a nivel global. “El primer proyecto se dio en Reino Unido a mediados de los años 90”, dice. “Actualmente hay dos versiones de este mecanismo: una es la concesión plena que incluye la seguridad del establecimiento y otra donde todo este último aspecto no se contempla”. Según el ejecutivo, la experiencia en Reino Unido con la concesión plena de cárceles ha sido positiva. “Los primeros proyectos que se concesionaron al 100% han demostrado que pueden hacer un uso eficiente de los recursos, que conllevan a ahorros de costos hasta en 40%”, dice. “En proyectos de otros sectores, como de educación y salud, donde se han dado concesiones semiplenas los ahorros fueron de 12%”.

Bajo la lupa. El Perú no es el único país en la región que apuesta por la concesión de cárceles. El primero fue Chile, que años atrás lanzó un paquete de diez penales donde los resultados no han sido los esperados: Chile, el país con la mayor tasa de presos por habitantes, no ha podido mejorar los resultados de su sistema carcelario con el ingreso de los privados. “Uno de los obstáculos en Chile es que no se puede dar la concesión plena, ya que por un tema constitucional, la seguridad tiene que seguir siendo administrada por el Estado”, dice Treharne, de KPMG.

Otro país donde también se llevan a cabo iniciativas de privatización de cárceles es Brasil, donde se trabaja en su primera concesión en el estado de Pernambuco. México también ha manifestado su interés por hacerlo.

No obstante, no todos comparten una visión positiva sobre la concesión plena de los establecimientos penitenciarios. Durante el último Seminario Regional Latinoamericano, organizado por la Asociación Internacional de Asuntos Correccionales y Penitenciarios (ICPA, por sus siglas en inglés) y el Servicio Penitenciario
Federal de Argentina (SPF), hubo detractores sobre este sistema. Uno de ellos fue Elías Carranza, presidente del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud). “Lamentablemente son construcciones muy costosas, llevadas a cabo por entidades multinacionales que, para ganar más dinero, hacen cárceles de máxima seguridad a un precio altísimo”, dice Carranza. “Por ejemplo, 1.000 personas que metidas a una cárcel y su manutención cuesta más que el resto del sistema donde hay 8.000 presos”.

Durante una visita al Perú, Stephen Nathan, investigador de Ilanud, expuso que investigaciones recientes de la Universidad de California muestran que hay una baja inversión en la mano de obra, y que si se comparan las poblaciones al mismo nivel de seguridad, las prisiones privadas tienden a ser más violentas que las públicas. “No hay evidencia de que las prisiones operadas de manera privada
o semiprivada contribuyan a una reducción de las tasas de reincidencia”, dijo a un medio local.

Flavio Calda, del ICP, dice que asegurar esto es aún prematuro ya que la experiencia en la región es reciente y solo se podrá medir su efecto en un corto plazo. “Los que no comparten esto suelen basarse en el alto costo que conllevaría la concesión”, dice. “Los sistemas nacionales gastan muy poco, por ejemplo, US$ 8 por interno al día. En cambio, en el sistema privado se sube a US$ 30. Algunos dicen que por qué en lugar de gastar tanto en el otro sistema, no se equipara ambas y se asigne un costo de US$ 15 cada uno. Sin embargo, ese gasto de US$ 30 es el que se debe gastar también en el sistema público para que los internos tengan mejores condiciones y opciones de resocialización”.

Según la experiencia de Paul Treharne, de KPMG, los privados manejan mejor el riesgo y de manera más eficiente desde el punto de vista financiero, pues para ganar el contrato tienen que ofrecer el precio más bajo. “Cuando el operador sabe que va a operar el 100% se diseña, trabaja para eso y su nivel de riesgo lo maneja de manera diferente que en el otro caso, y por lo tanto, consigues
precios menores. Es una razón económica financiera”, dice.

En tanto, para el ex jefe del INPE y actual vicepresidente de ICPA Javier Bustamante, no se debe perder de vista uno de los objetivos principales del sistema penal, que es la reinserción de los internos a la sociedad, sobre todo cuando la seguridad se ha convertido
en un tema de interés nacional. Y es que no es novedad que todas las noticias den cuenta de secuestros, atracos, asesinatos, en la mayoría de caso perpetrados por ex convictos e, incluso, planeados desde el interior de un penal. “La información existente sobre los resultados de la concesión de penales en diversos países nos permite ser optimistas, tanto por el incremento de la seguridad como por el avance en la resocialización de los internos para el caso del Perú”, dice. “No obstante, la posterior reintegración positiva a la sociedad de los excarcelados implicará la participación y contribución de diversos sectores y de toda la comunidad”.

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Por ello, el caso del penal de Huaral contempla que el concesionario promueva la rehabilitación de los presidiarios y brinde oportunidades laborales a no menos del 70% de la población confinada. Para lograrlo, el concesionario tendrá autonomía para definir los negocios o manufacturas a establecer dentro del establecimiento penitenciario. “Los internos tendrán que trabajar y recibirán un sueldo mínimo”, dice Flavio Calda, del ICP. “Incluso, los inspectores del Ministerio de Trabajo visitarán las instalaciones para supervisar que se cumplan los derechos de los internos. Van a contar con atención médica y educación, cosas que no se encuentran en los penales públicos”.

Interés carcelario. Los primeros interesados en operar las cárceles ya aparecen. “Esta concesión ha concitado interés en algunos inversionistas de Estados Unidos que nos han consultado sobre el proyecto”, dice Paul Trehane, de KPMG, sin especificar de quiénes se trata. Este interés se reafirma con el reciente viaje realizado por Dora Ballester, de ProInversión, a la ciudad de Chicago para promover el proyecto.

No obstante, quedan grandes temas por resolver, como qué tipo de postores habrá y, sobre todo, si se incrementará el presupuesto destinado a las cárceles para determinar el financiamiento de las concesiones. “El usuario de estas infraestructuras no logrará notar la diferencia en la administración, pero finalmente el público lo hará”, dijo Ramón Espelt, responsable de infraestructura de Deloitte España a un medio local. Según el especialista, al igual que otros sectores de infraestructura, este tendría que ser un negocio de concesiones en el cual el privado, a cambio de su inversión, recibiría un pago anual o periódico, con lo que repagará el capital.

Para otros, si bien se ha dado un primer paso para mejorar la situación penitenciaria del país a través de este primer proyecto, aseguran que se deben armar paquetes más grandes para que resulten atractivos. “Se necesita concesionar más cárceles: los operadores extranjeros están interesados en administrarlas pero no vendrán solo por una”, dice. “Se debe hacer algo similar a Chile, que lanzó paquetes que incluían varios penales. Además, esto es urgente ya que se estima que el déficit en infraestructura penitenciaria es de 30 cárceles”.

Para Javier Bustamante, del ICPA, si esta primera concesión resulta exitosa en cuanto a que se cumpla apropiadamente el contrato de concesión en cuanto a plazos, costos rehabilitación y seguridad, “se afirmará la vocación de incorporar progresivamente a más operadores privados al sistema de prisiones del país”.

En tanto, según ProInversión, hasta la fecha existen seis interesados
en participar en este proceso y el Ministerio de Justicia ya le ha solicitado que se encargue de un segundo penal. Al respecto, se han requerido algunas precisiones a esta cartera ministerial para proceder con el segundo encargo.

Ahora queda esperar la primera quincena de diciembre, fecha en que se realizará la concesión y comprobar realmente si este sistema podrá poner en vereda la situación penitenciaria del país.