Rio Xingu, Brasil. Beptum Xikrin mira el río Bacaja desde su aldea de chozas y se pregunta cómo hará para pescar o llevar nueces brasileñas al mercado si avanza el plan de una represa en el poderoso río Xingu del Amazonas y el afluente se seca, tal como pronostican ecologistas.

Después de casi tres décadas de protestas a veces violentas, Beptum y otros 1.000 residentes locales de la remota región del Amazonas en Brasil se han resignado al hecho de que la tercera mayor represa del mundo será construida en el sector.

"Ellos decidieron construirla contra nuestra voluntad, ¿qué podemos hacer?", dijo Beptum en una reunión de miembros de la tribu, muchos con tatuajes corporales y grandes aros en las orejas.

Todavía no se ha definido la fecha de inicio de la construcción de la represa Belo Monte, pero se espera que entre en funcionamiento en el 2015.

Cerca de la reunión de miembros de la tribu, una niña desnuda con su cuero cabelludo parcialmente afeitado juega con una muñeca rota en la tierra, mientras una mujer tuesta harina de mandioca, un ingrediente básico de la dieta brasileña.

Es probable que esta calma aparente cambie cuando, corriente abajo, camiones y topadoras remuevan más tierra que la que fue extraída durante la construcción del Canal de Panamá.

La construcción de la enorme planta hidroeléctrica Belo Monte, cuyo costo está estimado entre US$11.000 millones y US$17.000 millones, ilustra los dilemas a los que se enfrenta Brasil mientras se esfuerza por dar el salto para adquirir el estatus de nación desarrollada.

Los partidarios dicen que la represa, que será construida por un consorcio local encabezado por la compañía energética estatal Eletrobras, creará puestos de trabajo en una oprimida región y ayudará suministrar electricidad para la mayor economía de América Latina.

Pero críticos dicen que la carrera por la prosperidad económica también tiene costos sociales y ambientales. La represa de 6 kilómetros de largo desplazará a 30.000 habitantes del río, secará parcialmente una extensión de 100 kilómetros del Xingu e inundará una zona de 500 kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de Washington D.C.

A pesar de las advertencias y la intensa presión internacional de personas como el director de Hollywood James Cameron, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha prometido seguir adelante.

Algunos analistas dicen que Lula quiere presentar el proyecto de cara a las elecciones presidenciales de octubre para beneficiar a la candidata oficialista Dilma Rousseff, quien hasta hace poco lideraba los proyectos de obras públicas del Gobierno.

La soberanía. La defensa de la represa por parte de Lula también refleja la flamante confianza y determinación de Brasil por ejercer control en la a menudo anárquica región del Amazonas mediante el fomento de la economía local.

"Queremos que haya una industria aquí, no sólo la extracción de madera, hierro, bauxita y aluminio", dijo Lula, quien creció en la pobreza, durante una visita a la región el mes pasado.

A finales de la década de 1980, la joven y endeudada democracia fue forzada a cancelar el proyecto bajo una intensa presión internacional, incluyendo la lucha de la estrella del rock Sting.

Hoy, Belo Monte es una de las nueve represas hidroeléctricas planeadas para el Amazonas y parte de la mayor estrategia de desarrollo para la región desde que la dictadura militar de entre 1964 y 1985 abrió caminos de tierra por la mayor selva tropical del mundo.

El popular Lula ha tomado medidas enérgicas contra la tala y la cría de ganado ilegal en el Amazonas, pero por lo general ha optado por crear empleo más que proteger árboles. Muchos locales temen no beneficiarse con Belo Monte.

"Es una idea terrible. La energía no se quedará aquí. Restringirá nuestro tiempo libre y los trabajos de muchas personas", dijo Antonio Jose de Nascimento, de 51 años, señalando al Xingu desde su puesto de pescados en Altamira, la mayor ciudad de la región.

Al otro lado de la calle un cartel de "a la venta" en una desvencijada choza de madera sobre pilotes refleja la desesperación de muchos residentes en uno de los varios barrios de Altamira que serán inundados. Las promesas del reemplazo de viviendas son sólo consuelo para algunos pocos.

Como se espera que la población en Altamira se duplique y llegue a 200.000, los servicios públicos podrían colapsar y provocar conflictos sociales, según advirtió la agencia ambiental del gobierno, Ibama.

Después de su informe, que también decía que cambiar los niveles fluviales disminuiría la biodiversidad y aislaría a las comunidades alejadas, dos funcionarios de Ibama renunciaron en diciembre bajo presión del gobierno.

GRAN NEGOCIO

Si bien muchos ahora admiten que la represa es algo inevitable, otros afirman que seguirán luchando para que no se construya.

"La batalla legal recién está empezando. El proyecto es inconstitucional, está podrido hasta el corazón", dijo Erwin Krautler, el obispo católico romano de Altamira.

Sostiene que Lula, quien sacó a millones de la pobreza con una mezcla de políticas amigables con el mercado y bienestar social, es un rehén de los intereses de las grandes corporaciones.

Fiscales estatales y otros afirman que los estudios de impacto ambiental son inconsistentes y que la represa es inconstitucional porque no se consultó formalmente a la gente del lugar.

"Es inaceptable e ilegal construir una represa de este tamaño sin conocer todo el impacto ambiental o sin consultar a la gente nativa", dice Clarice Cohn, una antropóloga de la Universidad de San Carlos, en el estado de Sao Paulo.

Las autoridades dicen que la represa no estará ubicada sobre tierras indígenas.

No todo el mundo en Altamira está en desacuerdo con el proyecto. Waldir de Souza, un electricista de 42 años, dice que generará empleos y hará que las autoridades pavimenten la carretera hasta Altamira, lo que ayudaría a reducir el costo de los bienes.

"Estamos muy postergados aquí. Todo es caro", expresó.