Repsol cumple este martes un año desde la nacionalización de su filial argentina YPF, un periodo en el que la petrolera española se ha centrado en reforzar su negocio sin dejar de reclamar una compensación "justa", tanto por la vía judicial como por la negociación.

Un año después de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunciase sin previo aviso la expropiación de 51% de las acciones de YPF, la compañía argentina continúa buscando socios para poder desarrollar sus planes de inversión y explotar el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta.

La gran apuesta de YPF, el acuerdo con la multinacional Chevron, se quedó en un memorando de entendimiento y puede llegar a peligrar por la decisión de un juez argentino de bloquear los activos de la compañía estadounidense atendiendo a una petición de la justicia de Ecuador, donde la petrolera afronta una demanda por daño ecológico.

Al memorando con Chevron, siguió, también en diciembre, la firma de un acuerdo con Bridas, de capitales locales y chinos.

Desde el 16 de abril de 2012, cuando la presidenta argentina declaró de interés "público nacional" el sector de los hidrocarburos en un mensaje transmitido a través de todas las emisoras de radio y televisión del país, Repsol ha demostrado que la compañía era mucho más que su filial argentina.

Horas después de que funcionarios argentinos tomasen el control de YPF y expulsasen a los directores ejecutivos españoles y argentinos de la sede de la empresa, la respuesta de Repsol y del Gobierno español no se hizo esperar para mostrar el rechazo a lo que calificaron de operación "ilegítima e injustificable".

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, comparecía ante los medios a la mañana siguiente para mostrar su indignación y anunciar que la petrolera batallaría por una compensación "justa".

También mostró también su disposición para negociar un acuerdo, un mensaje que la petrolera española ha mantenido durante todo este año, a pesar de no tener demasiada confianza en que pudiera conseguirse, mientras desplegaba toda una batalla judicial con diversos frentes para defender los intereses de sus accionistas.

Una de las primeras vías que se abrieron fue el recurso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde presentó una demanda contra Argentina por incumplir el tratado bilateral firmado con España para proteger las inversiones.

Además, Repsol ha demandado al Estado argentino en su país por la inconstitucionalidad de la intervención y la ocupación, mientras en España tiene causas abiertas contra Chevron y Bridas por llegar a acuerdos con YPF, así como contra la antigua filial.

En Estados Unidos, la empresa española también tiene abiertos varios frentes judiciales: contra el Estado argentino, Chevron y el Bank of New York Mellon, en este caso por no haber ejecutado los derechos de voto de la española en la Junta de Accionistas de la filial.

Mientras la batalla legal se convertía en maraña jurídica, la petrolera se ha esforzado en dibujar un futuro sin YPF.

A finales de mayo, Repsol acordó eliminarla de su denominación y presentó tanto su nuevo plan estratégico como las primeras medidas de "disciplina financiera" para que la nacionalización de la filial no hiciera demasiado daño a la calificación crediticia.

Este plan se materializó, entre otras medidas, con la venta a Shell de sus activos de gas natural licuado (GNL) en Trinidad y Tobago y Perú, así como en la empresa española Bahía de Bizkaia Electricidad.

Bajo de la dirección de Miguel Galuccio, que tomó las riendas de la compañía argentina, YPF concluyó 2012 con un beneficio de 3.902 millones de pesos, unos US$770.000 al cambio del momento, un 12,2% menos.