“¿Cuál es la sensación? Estar a la deriva. Aunque, si se quedan con mi dinero, me voy con un bate de béisbol a La Moncloa”. Así sintetiza del madrileño Jorge García el estado de ánimo de los miles de ahorristas de Bankia, el cuarto banco de España, ahora en manos del gobierno. Lo seguro es que si Mariano Rajoy no utiliza bien sus cartas, las filas de los indignados aumentarán.

La clase política española está como la banca: sin corralito, pero acorralada. En mayo el asedio se agudizó por la caída de Bankia y el desplome histórico del índice Ibex 35. El desempleo y la orgía de recortes que socialistas y populares impulsan con fervor desde hace tres años han hundido a la demanda. Por si fuera poco, la agencia Moody`s rebajó en bloque la calificación a 16 bancos ibéricos,  incluidos el consolidado BBVA y el más grande de la eurozona: Santander. ¿Por capricho? No, por la pesada carga que representan los activos tóxicos incrustados en sus balances.

“Lo más interesante de la rebaja es la evaluación que se hace del apoyo del gobierno español”, dice Oliver Burrows, analista sénior y especialista en créditos del Rabobank en Londres. “Hasta ahora las calificaciones de Moody’s asumían algún nivel de apoyo estatal a los bancos. Y esta visión parece haber cambiado”.

Eso porque el fisco y la banca están amarrados el uno al otro como los personajes de las viejas películas de acción: mientras el resto de la banca europea comenzó hace varios meses a reducir posiciones en bonos soberanos españoles, la banca local ha utilizado la liquidez del Banco Central Europeo (BCE) para aumentarla. “Hay un loop negativo operando”, reconoce Burrows. “La debilidad de los bancos debilita a los bonos soberanos, y viceversa”.

El gobierno, en un intento raudo de evitar que se extienda la desconfianza, anunció que los bancos tendrán plazo hasta el 11 de junio para informar al Banco de España cómo sanearán su cartera. Y se encargó a consultoras extranjeras la valoración de la cartera inmobiliaria oculta. “Es una garantía de neutralidad”, explica José Antonio García Rubio, economista jefe del opositor partido Izquierda Unida, para quien a los bancos  les cabe la responsabilidad política y administrativa de haber ocultado los activos tóxicos.

Los banqueros, como era de esperar, deploran la medida, en especial la “pérdida de credibilidad para el Banco de España”, aunque a estas alturas poco pueden hacer. Las consultoras llegan de la mano del BCE y monitorizarán durante un período de cuatro meses la escisión de los activos tóxicos. Se espera que su acción surta un efecto tranquilizador sobre los ahorristas y evite así que éstos acudan en masa “a retirar los fondos de los bancos”, explica Víctor Álvaro González, CEO de la consultora Profim EAFI, en Madrid.

Como parte del plan, los bancos estarán obligados a traspasar antes de fin de año sus stocks de activos inmobiliarios tóxicos o morosos a un “banco malo” (que el gobierno español prefiere denominar “sociedades especializadas”). Una medida que los banqueros como Emilio Botín siempre deploraron.

El “banco malo” también integrará los créditos del `ladrillo sano´ con riesgo de transformarse en problemático o tóxico. Deberán colocar anualmente por lo menos un 5% de dichos activos a un tercero, para que así, paulatinamente, el país deje atrás la burbuja inmobiliaria.

Números oscuros. El problema es que no hay claridad en los números, ni pareciera haber fondos suficientes para pintar los números rojos de azul. Para el economista Pablo Zorrilla, el país “ni siquiera cuenta con reservas internacionales significativas para dar un respaldo económico propio al país”.

La segunda reforma financiera del gobierno –la cuarta desde que comenzó la crisis- pone foco en los activos tóxicos y endurece las provisiones de los créditos sanos (subieron de 7% a 30%). De esta forma, las entidades financieras se verán obligadas ahora a desembolsar unos € 30.000 millones.

Al momento, los cinco mayores bancos de España, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Popular, informaron que aportarán € 14.925 millones de los € 30.000 exigidos. El ejecutivo español, a su vez, prevé ayudas públicas con un interés al 10%, que no superarán los € 15.000 millones, y obliga a los bancos a traspasar sus activos inmobiliarios tóxicos antes de fines de 2012 a los “bancos malos” con nombres inocentes.

García Rubio, de Izquierda Unida, estima que el ejecutivo español “se queda corto” con la cifra. El caso de Bankia le ha dado la razón. El consejo de administración de la institución cifró sus necesidades de ayuda pública en la friolera de € 23.500 millones, una cifra sin precedentes en la historia del país.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) estima las necesidades totales de la banca en unos € 76.000 millones. En cualquier caso, lo dudoso es que “existan recursos públicos suficientes en España”, al decir de García Rubio, para hacerle frente al tsunami.

González, de Profim EAFI, coincide en que no queda otra salida que poner el dinero, pero es muy crítico de la opción inicial de invertir dinero público en fusionar entidades que ahora deben ser rescatadas. La prioridad sería ahora doble: “Con la ayuda del BCE habría que salvaguardar los ahorros de los clientes” y así evitar que éstos acudan a retirar sus depósitos”. Luego, “habría que proceder a la liquidación, subasta y venta de entidades financieras” y “eliminar del sistema las manzanas podridas”.

Para García la intervención del Fondo de Rescate Europeo supondría una “europeización” del sistema. Algo que se debería acompañar con “una banca pública”, que con el respaldo del Estado podría “hacer frente a las necesidades de la sociedad”. Para García el desembolso del dinero público ya está hecho en Bankia, el Banco de Valencia y otras cajas, por lo que sólo restaría darles “un carácter permanente”.

La pregunta obligada, en este contexto, es por el futuro de los activos latinoamericanos de la banca española. “La venta de activos en Latinoamérica probablemente sea un vehículo para obtener cash, pero no creo que lo necesiten, dado que se trata de los bancos más sólidos de Europa y del mundo”, dice Yosi Truzman, uno de los más prestigiosos analistas técnicos del mercado español y estrella del portal Cotizalia.

Y no se trata de una opinión solitaria. “Quienes tienen los mayores problemas no son un BBVA o un Santander, sino las cajas a las que aquí, ahora, se les llama bancos”, dice González, de Profim EAFI. En el caso del Santander y del BBVA, “sus ingresos provienen en un 40% prácticamente de México y Argentina”, dice Zorrilla. Aun así el BBVA anunció que estudia la venta total o parcial de sus activos previsionales en Chile, Perú y México. Y la agencia Estado de Brasil señaló que Santander estudia vender cerca de un 40% de su filial local. Incluso identificó entre los interesados a Bradesco y Banco do Brasil.

“Lo que se espera en España, por el bien de todos, es que las intervenciones permitan a los propios bancos, con su propio dinero, ir absorbiendo a los otros bancos y así poder redimensionar el sector”, concluye el experto. Si no fuera por el drama griego y la dureza alemana, debería ser viable, pero en la Europa de los recortes el tiempo vale mucho más que oro. Y casi nadie puede comprarlo.