La Autoridad Nacional de licencias Ambientales (Anla) anunció el inicio de un proceso para determinar las  sanciones ambientales contra Ecopetrol S.A por el afloramiento de petróleo en el campo Lizama, en Barrancabermeja (Santander). 

De acuerdo con la Anla, el derrame de crudo, que tiene en emergencia ambiental a más de 24 kilómetros del caño Muerto y la quebrada Lizama, no fue manejado teniendo en cuenta la real magnitud de lo ocurrido.

Según la entidad, Ecopetrol no activó el plan de contingencia, ni controló “la emergencia conforme a la real magnitud del evento del 2 de marzo de 2018 en el predio Palmas de Colombia, ubicado en el corregimiento La Fortuna.

Asimismo, la Anla señaló que la petrolera se había demorado en avisar sobre la real magnitud de la emergencia. Y es que según el auto de la Anla, el 3 de marzo, un día después de que aflorara el petróleo en columnas líquidas de diez metros de alto, Ecopetrol le escribió a la Anla reportando un total manejo de la situación.

Con esto, dice la entidad, la estatal petrolera “obstaculizó la actividad de seguimiento por parte de esta Autoridad, impidiendo el ejercicio de las funciones de visita y seguimiento del evento en tiempo real”.  

Dijo además que de haber conocido la magnitud real de la catástrofe, la Anla habría “comisionado de manera inmediata personal técnico al lugar del evento, con el propósito de tomar medidas de prevención y control”.

Además, la Anla señaló los daños a los cuerpos hídricos lizama y caño Muerto, al suelo, a las especies animales y vegetales de la zona, y a las actividades sociales y económicas de pescadores y campesinos de ese corregimiento santandereano.

Para adelantar la investigación, la entidad le pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que le pasara toda la información disponible sobre el pozo Lizama 158, pues según los reportes de prensa, Ecopetrol había reportado daños mecánicos y de revestimiento en el mismo, pero nunca le avisó a la Anla.

En la noche del pasado 27 de marzo, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, le solicitó a la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía acompañar estas investigaciones.