El juez de flagrancia de Quito, Juan Hernández, dejó sin vigencia las medidas cautelares que regían en contra de las empresas Cervecería Nacional S.A. y de Dinadec S.A., fabricantes de las marcas Pilsener y Club.

El magistrado basó su decisión en la protección de los derechos constitucionales al trabajo, salario, a una vida digna, al acceso a la seguridad social.

La determinación judicial -señala el diario La Hora, se produjo en respuesta a un escrito presentado por los obreros que pidieron que se suspendan los efectos de la resolución que apadrinó la jueza Novena de la Niñez y la Adolescencia (e), Piedad Calva, a favor de los ex trabajadores tercerizados que reclaman una reliquidación del pago de utilidades a partir de 1990 hasta 2005.

Hernández pidió que la Superintendencia de Bancos disponga a las entidades financieras del país en las que Cervecería Nacional mantenga cuentas bancarias procedan a la liberación inmediata de fondos.

Además ordenó que se oficie al gerente general de la Cervecería Nacional para que se reanuden de manera inmediata las actividades de utilización, producción, explotación, comercialización, venta, exportación y distribución de los productos Cerveza Pilsener y Club.

Y junto con ello se reintegre los puestos de trabajo a todo el personal a su cargo.

El conflicto legal nació en 2007 cuando ex trabajadores de la Cervecería Nacional pidieron que se declarara el derecho a percibir utilidades desde 1990 hasta 2005, cuando estaba vigente el régimen de intermediación y tercerización laboral.