Los elevados impuestos a las exportaciones de soja y la regulación de las ventas de trigo y maíz, ha generado fuertes protestas entre los productores, que reclaman que las medidas son muy perjudiciales para la rentabilidad del sector.
Buenos Aires. Los agroproductores de Argentina temen nuevas intervenciones en el comercio de granos, en momentos en que el camino está prácticamente allanado para que la presidenta Cristina Fernández, que promete una "profundización del modelo" de su gobierno, sea reelecta.
La líder peronista mantiene elevados impuestos a las exportaciones de soja y regula las ventas al exterior de trigo y maíz, lo que ha generado fuertes protestas entre los productores, que reclaman que las medidas son muy perjudiciales para la rentabilidad del sector.
Ni la presidenta ni legisladores oficialistas han dado detalles de lo que una "profundización del modelo" puede implicar para el sector agrícola, pilar de la economía argentina.
Las tambaleantes finanzas mundiales también despiertan incertidumbre, ya que amenazan con golpear a mercados emergentes como el argentino y con incrementar la necesidad de gasto público para amortiguar los efectos de las turbulencias, que los representantes del sector agrícola creen sería financiado con nuevos impuestos a su actividad.
Impulsada por una economía que crecerá este año a un ritmo cercano al 8% anual, Fernández consiguió un poco más del 50% de los votos de las elecciones primarias realizadas el 14 de agosto, dejando a sus rivales más cercanos a 38 puntos de distancia.
Ahora la gobernante de 58 años está prácticamente rumbo a ganar otro mandato de cuatro años a fines de octubre.
La presidenta habitualmente sostiene que defiende "el modelo económico y social con el que los argentinos recuperaron la confianza y el autoestima", y que fue ideado por su fallecido marido y predecesor en el cargo Néstor Kirchner, tras la feroz crisis financiera argentina del 2001/02.
Profundizar el modelo. Las exportaciones agropecuarias del país fueron clave para la recuperación económica. Argentina quintuplicó su producción de soja en 20 años, posicionándose como el principal proveedor mundial de aceite y harina de la oleaginosa.
Parte de la popularidad de Fernández proviene de sus programas de asistencia social, entre ellos el de subsidios por hijo que beneficia a millones de familias y demanda más fondos por cada nuevo nacimiento.
La mandataria suele señalar que busca "profundizar" sus políticas para la generación de puestos de trabajo, de sustitución de importaciones y educativas, generando dudas entre los productores acerca de cuáles serán las medidas destinadas al sector agrícola.
"Se puede esperar más populismo, más control sobre los volúmenes de exportación, retenciones (impuestos a la exportación) móviles", dijo Ricardo Buryaile, diputado nacional del partido opositor Unión Cívica Radical (UCR).
"(Profundizar el modelo) puede llevar, por ejemplo, a nacionalizar el comercio exterior", señaló Buryaile, quien agregó que, con 50% de los votos en octubre, Fernández atraería a legisladores de otros partidos, permitiéndole aprobar medidas de este tipo en el Congreso.
Otros creen que Fernández intentará seguir recomponiendo su relación con el sector rural, con el que mantuvo una prolongada y áspera disputa en el 2009 tras un intento de incrementar los impuestos a la exportación de la soja y otros granos.
Continúan las diferencias entre el gobierno y empresas exportadoras de granos como Bunge por acusaciones -negadas por estas- de evasión de impuestos, mientras que Fernández se ha acercado a productores de menor escala, avivando rumores de un plan impositivo a grandes extensiones de tierra.
"Los votantes recompensaron al gobierno sobre la base de la economía", dijo Ignacio Labaqui, un analista de la consultora de mercados emergentes Medley Global Advisors, que resaltó que "en general, el electorado no está buscando una radicalización de su modelo de gobierno".
Mientras tanto, los candidatos opositores, a los que un importante diario local los caricaturizó sentados de forma abatida sobre un zapato con taco de Fernández, aún no se recuperan del golpe sufrido en las elecciones primarias.
Demanda alimentos alienta inversiones. La única promesa clara delineada por Fernández para el sector agropecuario es una propuesta de un proyecto de ley para limitar la adquisición de tierras agrícolas de parte de extranjeros, una medida que muchos productores apoyan.
El Ministerio de Agricultura rechazó la idea de refundar la Junta Nacional de Granos, una entidad gubernamental que controló la exportación de granos hasta su disolución en 1991.
De todos modos, la posibilidad de que el gobierno vuelva a establecer la Junta o intente nacionalizar la comercialización de granos, con el objetivo de incrementar sus ingresos, es una sospecha que nunca abandona totalmente a los agroproductores.
Ellos reclaman cambios en las políticas para el sector, incluyendo la aplicación de cuotas en las exportaciones de trigo y maíz, cuyo objetivo según el Gobierno es garantizar la demanda doméstica de estos granos y limitar alzas en los precios de alimentos.
Pero adhiriendo al proverbio "La Gente Necesita Alimentarse", fondos de inversión foráneos han llevado capitales a Argentina, apostando a que los precios de los granos se sostendrán por décadas debido a su creciente demanda mundial.
El país, dueño de las fértiles llanuras y amplias reservas de agua, está bien posicionado para seguir atrayendo inversores, a pesar de advertencias de economistas de conmociones externas en el futuro.
Una desaceleración en la economía de China, cliente clave del sector sojero argentino, podría, por ejemplo, obligar a Fernández a buscar nuevas fuentes de ingresos para financiar los gastos del gobierno.
"Profundizar el modelo significa sacar más dinero de los bolsillos de la gente que produce y ponerla en los bolsillos de la gente que no produce, pero que vota", dijo un ejecutivo de una firma de exportación de granos que pidió que no sea identificado.
"¿Qué significa esto para el sector agrícola para los próximos cuatro años? No lo sabemos", señaló la fuente.
