Brasilia. Los consumidores y las compañías de Brasil perdieron casi US$4.000 millones y podrían perder mucho más en los próximos años debido a la intervención de países vecinos en los contratos de energía, aseguró un informe de la industria.

Varios países limítrofes con Brasil han retirado el suministro de energía al gigante sudamericano en los últimos años debido a interrupciones en la provisión o al surgimiento de ideas nacionalistas.

"La reacción del Gobierno brasileño en la década pasada ha sido bastante previsible, siempre acomodando demandas e intervenciones de nuestros vecinos, generando miles de millones en costos". Instituto Acende.

El caso más notable fue la nacionalización de la industria del gas por parte de Bolivia en el 2006, que incluyó la ocupación militar de activos de propiedad de la petrolera estatal brasileña Petrobras.

Argentina y Venezuela también violaron contratos para abastecer gas y electricidad, respectivamente, mientras que Paraguay renegoció los términos de la planta hidroeléctrica de Itaipú, que comparte con Brasil, observó el estudio elaborado por el grupo de la industria energética Instituto Acende Brasil, obtenida por Reuters previa a su publicación.

El documento sostuvo que los costos habían sido aumentados por la política del buen vecino del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hacia países sudamericanos, lo que le ha impedido adoptar una postura más dura contra las violaciones de contratos.

El estudio de Acende afirmó que las medidas de nacionalización le costaron a los consumidores, inversores y contribuyentes de Brasil 6.700 millones de reales (3.900 millones de dólares) durante la década pasada, una cuenta que podría duplicarse en los próximos diez años.

"La reacción del Gobierno brasileño en la década pasada ha sido bastante previsible, siempre acomodando demandas e intervenciones de nuestros vecinos, generando miles de millones en costos", aseguró el informe.

Los recortes del suministro energético por parte de sus vecinos llevó a Brasil a adoptar una serie de medidas de emergencia que, según Acende, le costaron al país 2.300 millones de reales entre diciembre del 2007 y enero del 2009.

La energética estadounidense AES tuvo que cerrar una planta de energía en el sur de Brasil en abril del 2009 debido a una inesperada alza impositiva y restricciones sobre exportaciones de gas por parte del Gobierno argentino.

Intervención. La divulgación del informe coincide con crecientes preocupaciones de los inversores sobre una mayor intervención gubernamental y un rol creciente de las empresas estatales si la favorita en los sondeos para las elecciones presidenciales de Brasil, Dilma Rousseff, gana los comicios del 3 de octubre.

Como parte de la nacionalización, Bolivia elevó los impuestos sobre la producción de gas, recortó el suministro y casi triplicó los precios para al menos una planta de energía en el oeste de Brasil, afirmó Acende.

El Ministerio de Energía brasileño no quiso realizar comentarios sobre el informe.

Fabricantes locales y generadores de energía brasileños que dependían del gas boliviano están furiosos.

Pero Lula, a quien el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha llamado su hermano mayor, instó a la paciencia y al entendimiento.

"A aquellos que defienden la confrontación les respondemos con cooperación", dijo Lula a comienzos del 2009.

El mandatario brasileño ha tratado de forjar una integración sudamericana como contrapeso a los intereses de Estados Unidos y Europa en la región, mediante la financiación de represas, carreteras y equipamiento agrícola.

"No es bueno para un país rico estar rodeado de pobres por todas partes", dijo Lula.

Pero la intromisión política en contratos puede tener el efecto opuesto en la integración energética, dijo el jefe de Acende, Claudio Sales.

"La integración energética puede ser útil y todos concuerdan en que todos los países deben desarrollarse. Pero en negocio capital intensivos, la mejor forma de minar el desarrollo es destruyendo contratos", añadió