Las compañías mineras destinaron US$298,7 millones para equipamiento minero y US$607,7 millones en obras de infraestructura, y más de 2.131 millones en otros rubros vinculados a la industria minera peruana.
En el marco de una difícil coyuntura económica internacional, las inversiones mineras en el Perú alcanzaron los US$4.213 millones entre enero y julio de este año, informó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.
Durante su participación en la 32 Convención Minera Perumin, precisó que esa cifra representa una reducción de 15,6% en comparación con la inversión minera registrada en similar período del año 2014 (US$4.992 millones).
Destino de las inversiones
En estos primeros siete meses del 2015, explicó, las empresas mineras formales que trabajan en el territorio nacional invirtieron US$457 millones en labores de explotación de los recursos mineros y otros US$265,9 millones en exploración, así como 252.9 en equipamiento de plantas de beneficio.
Asimismo, informó que las compañías mineras destinaron US$298,7 millones para equipamiento minero y US$607,7 millones en obras de infraestructura, y más de 2.131 millones en otros rubros vinculados a la industria minera peruana.
Proyección de capitales
Gálvez estimó que al cierre del presente año las inversiones mineras en nuestro país se ubicarán en el orden de los US$8.000 millones y para el 2016 en US$5.000 millones, teniendo en cuenta que tenemos un portafolio de proyectos que supera los US$63.000 millones.
Afirmó que para revertir la desaceleración de las inversiones se debe asumir el reto de poner en valor y ejecución la cartera de proyectos mineros.
Mayor confianza
“En ese sentido, es importante fortalecer el liderazgo político de la administración gubernamental y dar señales inequívocas que generen mayor confianza entre los inversionistas”, anotó.
El presidente del gremio minero dijo que el Estado debe focalizar su trabajo en destrabar la maraña de barreras administrativas, que históricamente arrastra el país, pues impiden la continuidad de las inversiones y la puesta en marcha de nuevos proyectos, y evitan hacer prevalecer el Estado de Derecho para no frenar el desarrollo del país.
