Victor Bustacara, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Licoreras del País, Sintrabecolicas, confirmó que el paro planeado para hoy sigue en firme a nivel nacional e involucra a todos los trabajadores directos del sector.

Para Bustacara el proyecto de ley que se votará esta tarde en la plenaria del senado es inconstitucional y traerá consigo consecuencias nefastas para la industria nacional. “Si esta iniciativa sigue en pie, las licoreras departamentales podrían desaparecer. Por eso expresamos nuestro desacuerdo y entramos en paro”.

En ese sentido, Aníbal Loaiza, presidente del Sindicato de la Industria Licorera de Caldas, aseguró que los 270 empleados de la empresa participan activamente de la jornada de paro y están atentos a los resultados que arroje la sesión del senado. “Es la última oportunidad para decirle al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que el proyecto es muy grave para la estabilidad de las licoreras departamentales”.

Frente a esto, el ministro ha dicho que “la motivación central del proyecto de ley es la salud. Las bebidas alcohólicas deben ser gravadas para desincentivar su consumo. Al determinar tarifas fijas por grados de alcohol, y al cobrar un impuesto ad valorem, aumentaremos la equidad y nos permitirá conseguir más recursos para las regiones.

Los trabajadores de las licoreras no están solos, cuentan con el apoyo decidido de congresistas de orillas ideológicas distintas como Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático; Iván Duque, del Centro Democrático y Antonio Navarro Wolf por la Alianza Verde, quienes de nuevo buscarán archivar la propuesta.

El proyecto 189 de 2016 que pretende modificar el sistema con el que se gravan las bebidas alcohólicas, busca igualar a $220 (US$0,07) por grado de alcohol a todos los licores y añadir un impuesto del 25% sobre el precio. Además, plantea que los departamentos liciten la producción de los licores y que entreguen licencias a empresas distribuidoras de los mismos.

Por su parte, Nelson Izaciga, presidente de la Asociación Colombiana de Vinos, Asovinos, advirtió que los productores nacionales no podrían soportar el impacto del proyecto de ley, y que por eso 970 empleos vinculados con la industria del vino estarían en peligro.