Tras las nacionalizaciones anunciadas por las autoridades bolivianas sobre eléctricas extranjeras el fin de semana último, el gobierno tiene seis meses para negociar con las empresas antes de ir a un arbitraje internacional.

El plazo establecido se fundamenta en los tratados bilaterales que Bolivia suscribió con los países (Reino Unido y Francia) cuyas inversiones resultaron afectadas con la medida, de acuerdo a La Razón.

Rurelec PLC, accionista mayoritario de Guaracachi SA, recordó que sus inversiones en el país las protege el Tratado para la Promoción y Protección de Inversiones firmado entre Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, vigente desde 1990.

Dicho documento establece que aquellas controversias relativas a inversiones “que no hayan sido legal y amistosamente resueltas, después de un período de seis meses desde la notificación por escrito de la reivindicación, deben ser sometidas a arbitraje internacional, a petición de cualquiera de las partes en controversia”.

Francia, en tanto, señaló a través de su embajada que la nacionalización de Corani, de propiedad de Inversiones Ecoenergy Bolivia —filial de la francesa GDF Suez— “esté acompañada de una indemnización pronta y adecuada”, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del acuerdo franco-boliviano y que señala en términos símilares que toda controversia debiera ser solucionada amistosamente.

Si es que transcurrido el plazo desde el momento en que fuere planteada la situación no hay novedades, la causa se someterá, "a petición de uno o las dos partes, al arbitraje en un Tribunal Arbitral Ad Hoc”.

Cabe señalar que los acuerdos comerciales con Reino Unido y Francia contemplan solución de controversias mediante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones), al que Bolivia renunció el 2 de mayo del 2007. Por eso se proyectan otras instancias, ya fijadas, en caso de no llegar acuerdo dentro de los plazos señalados.