El Departamento de Justicia de EE.UU. y BP Plc han discutido un potencial acuerdo por daños provocados tanto a la costa del golfo como a las costas, que podría valer miles de millones de dólares.

Senadores de la costa estadounidense del Golfo de México instaron este viernes al presidente Barack Obama a garantizar que cualquier acuerdo legal por el derrame de crudo de 2010 no socave una ley recientemente aprobada que destinaría miles de millones de dólares en multas hacia sus estados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y BP Plc han discutido un potencial acuerdo por daños provocados tanto a la costa del golfo como a las costas, que podría valer miles de millones de dólares para los estados que aún intentan recuperarse del peor derrame en altamar en la historia de Estados Unidos.

Si bien los detalles de esas discusiones se han mantenido en secreto, senadores republicanos y demócratas de la región dijeron que tienen "graves preocupaciones sobre el desarrollo de los términos del acuerdo" que ha sido citado por medios de prensa locales.

Los senadores apuntaron recientes reportes de prensa que sostienen que el Departamento de Justicia y BP están discutiendo términos que maximizarían las multas pagadas bajo las evaluaciones de Daños a Recursos Naturales, y minimizarían aquellos que se paguen bajo la Ley de Aguas Limpias.

La ley RESTORE, firmada por el presidente Barack Obama el 6 de julio, ordena que 80% de las multas bajo la ley de Aguas Limpias pagadas por BP sean puestas en nuevos fideicomisos para los esfuerzos de restauración en los cinco estados costeros dañados por el derrame: Luisiana, Alabama, Misisipi, Florida y Texas.

En una carta bipartidista, algo raro antes de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, ocho senadores dijeron a Obama que están preocupados de que el Departamento de Justicia esté considerando permitir que la mayor parte de las multas sean estimadas bajo la ley de contaminación por petróleo por los daños provocados a la costa, con una menor parte evaluada por la ley de aguas limpias.

Las multas que se desprenden de las violaciones a la ley de aguas limpias podrían llegar a US$21.000 millones, si BP es considerada responsable de la flagrante negligencia que provocó la explosión del 20 de abril del 2010 a bordo de la plataforma de perforación Deepwater Horizon.

En el accidente murieron once trabajadores y se derramaron 4,9 millones de barriles de petróleo que ensuciaron las playas de cuatro estados de la costa del Golfo de México. BP ha negado cualquier acusación de negligencia flagrante y rehusó comentar la carta de los senadores.

Sin el proyecto de ley, las multas bajo la ley federal de aguas limpias habrían ido directamente al Tesoro de Estados Unidos. Bajo los términos del proyecto, los estados podrían recibir entre US$4.000 millones a US$16.800 millones.