Tegucigalpa. El atraso de las inversiones en la red de transmisión y transformación del sistema eléctrico mantiene en la oscuridad varias regiones del país.

El Banco Mundial (BM) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) lanzaron la advertencia en 2007 de que Honduras estaba a las puertas de una crisis energética.

Los dos organismos destinaron cuantiosos recursos para que consultores nacionales y extranjeros pusieran al descubierto los problemas de corto, mediano y largo plazo en materia de generación, transmisión y distribución eléctrica.

Las recomendaciones no fueron tomadas en consideración por los gobiernos de turno y ahora ejecutar lo que tuvo que hacerse le significará a casi 1,3 millones de clientes de la estatal eléctrica tener que soportar los constantes apagones por meses o quizás años.

“El sistema de transmisión eléctrica de la ENEE colapsó hace cinco años, no se hicieron las inversiones en el tiempo indicado y ahora tenemos un problema que debemos resolver para mejorar el servicio que le estamos brindando a nuestros clientes”, subraya Leonardo Deras, subgerente técnico de esa empresa.

¿Quién o quiénes son los responsables de esta crisis eléctrica?, preguntó El Heraldo a un reconocido experto hondureño, quien pidió omitir su nombre, y de inmediato respondió: “La crisis tiene nombre, las pasadas y las actuales autoridades de los organismos responsables de la política energética del país son los culpables por no haber actuado en el momento oportuno para mejorar la red de transmisión, eso demuestra que la ENEE y las otras instancias públicas no han estado dirigidas por técnicos sino que por funcionarios improvisados”.

Fue en el periodo 1993-1994 que Honduras atravesó la última crisis eléctrica, lo que obligó al gobierno a tener que contratar energía sucia de emergencia para atender la creciente demanda.

Crónica de una crisis. Para quienes han venido monitoreando la situación del sistema interconectado de la ENEE los problemas en la red de transmisión y transformación que ahora justifican las autoridades como las causas de los racionamientos no son una sorpresa.

Lucio Monari, Xiaoping Wang, Dante Mossi, Manuel Dussan, ángel Baide y Juan Manuel Rojas en el estudio preparado para el BM denominado “Honduras: temas y opciones del sector energía” concluyeron en julio de 2007 que “existe una significativa acumulación de inversiones de transmisión y subtransmisión que no pudieron ser ejecutadas como se planearon debido a restricciones financieras”.

La ENEE ha tenido que instalar generación diésel costosa en algunas áreas industriales, continúa, debido a congestión de las líneas de transmisión en el norte y degradar los criterios de confiabilidad en la planificación de transmisión de esa zona.

“Atrasos adicionales en el reforzamiento de las redes de transmisión incrementarán la probabilidad de apagones, harán aumentar los costos de operación y las pérdidas eléctricas, y contribuirán a empeorar la calidad del servicio”, dijo el Banco Mundial hace cuatro años.

JICA contrató al consultor Manuel Dussan para realizar el “Estudio de actualización y revisión del sector eléctrico de Honduras”, en el cual revela que “el grupo de donantes definió en 2008 una estrategia común para la recuperación del sector eléctrico, fundamentada en los resultados del informe del BM y preparó un programa coordinado de apoyo al sector para financiar obras prioritarias del programa de inversiones en líneas de transmisión y subestaciones”.

Deras reconoce que esas recomendaciones fueron anunciadas en el momento que el país necesitaba invertir en sus sistemas de transmisión y al no cumplirse la situación se ha agudizado. La inversión más grande en la red de transmisión y distribución concluyó en 1999 y se conoció como “Proyecto siete ciudades”, lo que mejoró el corredor eléctrico del centro y norte del país.

Obsoleta red. La ENEE fue creada como empresa de propiedad estatal en 1957. El servicio público de electricidad era provisto mediante sistemas eléctricos aislados operados por compañías privadas en el norte, por municipalidades o el gobierno en otras áreas.

Durante sus primeros 25 años, la estatal eléctrica se expandió rápidamente, desarrollando una red de transmisión nacional y la primera interconexión internacional con Nicaragua en 1976.

Un informe de la ENEE revela que la red de transmisión comprende 1,042 kilómetros de línea de 230 KV (con capacidad para transportar 550 megavatios), 832 kilómetros de 138 KV (con capacidad para transportar 200 megavatios) y 571 kilómetros de 69 KV (con capacidad para transportar 40 megavatios).

Gran parte de esta red data de la década de los setenta (1974-1978), o sea que son líneas obsoletas y muchas de ellas con una gran extensión, lo que provoca una mayor pérdida de energía, explicó Leonardo Deras. Un ejemplo de lo anterior, según el entrevistado, es la línea de 69 KV que cubre el corredor de la subestación Santa Fe (Tegucigalpa) a la subestación Juticalpa (Olancho), con una extensión de 160 kilómetros, la que fue construida para transportar dos megavatios, pero ahora se envían por esa red 50 megas pero al final solo llegan 40 MW, perdiéndose 10 megavatios por lo obsoleto de la línea.

“Esa línea ya dio la vida útil, la carga que están alimentando (transportando) sobrepasa la capacidad de esa línea, o sea, que estamos forzando esa línea a llevar una carga para lo cual no está diseñada, lo que provoca la deficiencia en el servicio, por ejemplo bajo voltaje y pérdidas técnicas”, sostiene el subgerente técnico de la ENEE, al referirse a los constantes apagones en el departamento de Olancho. Igual situación ocurre en Santa Bárbara, Copán, Lempira, Colón y La Ceiba, para lo cual se aprobó un decreto de emergencia para solucionar en el mediano plazo los problemas de racionamiento.

No obstante, el funcionario justifica los cortes eléctricos en la limitada planificación de las pasadas autoridades de la estatal eléctrica, pues quizás no previeron una creciente demanda en el suministro de energía y construyeron una red de 69 KV, cuando lo idóneo hubiese sido una línea de 138 KV.

Otro caso similar es el de La Ceiba y el valle del Aguán, donde la demanda ha crecido considerablemente desde que fueron incorporadas a la red de transmisión en 1974 y 1978, respectivamente. Las líneas de transmisión en esas zonas no han sido reforzadas desde entonces, y la ENEE está experimentando problemas con la regulación de voltaje.

Los registros de voltaje en La Ceiba muestran que el voltaje de transmisión durante los períodos de demanda de punta cae a 121 KV, es decir a 88% del valor nominal de 138 KV.

Para el Banco Mundial, “la insuficiente inversión en el desarrollo de la red de transmisión incrementa los costos totales de generación al obligar a la ENEE a usar generación local costosa en las áreas afectadas.

De manera similar, la alta carga de ciertas líneas ocasiona que el voltaje caiga por debajo de lo normal en áreas relativamente alejadas de los principales centros de generación. Asimismo, la operación de líneas de transmisión con poca carga, en períodos de baja demanda del sistema, requiere la absorción de energía reactiva para mantener el voltaje dentro del rango normal. Superar esas deficiencias en la red de transmisión puede tardar varios años”.

Proponen independizar administración de la red

Eficiencia. Las oficinas de cooperación internacional que operan en Honduras han venido aportando una serie de iniciativas para mejorar la administración de la ENEE y, por ende, el servicio que prestan.

En ese sentido, el Banco Mundial y JICA propusieron al gobierno de Manuel Zelaya Rosales y a la administración de Porfirio Lobo Sosa la necesidad de reestructurar la estatal eléctrica.

Uno de los planteamientos era que la red de transmisión fuera manejada como una unidad de negocio independiente. “Esa medida mejoraría el desempeño de la ENEE”, concluye el Banco Mundial.

El BM considera que esa empresa pública carece de una estrategia de gestión, una organización y un enfoque corporativo orientado hacia la atención integral al cliente y a la gestión comercial.

Otro consultor contratado por el gobierno en 2008 escribió en su informe: “no existe la voluntad política de dividir la empresa en distintos negocios, pues lo que se busca es una clara diferenciación en la gestión de las distintas actividades pero sin modificar la situación de empresa integrada de propiedad del Estado”.