(Este artículo es de contenido pago por PMI)

Ese viejo refrán que indica que lo barato sale caro suele estar más que presente en nuestras vidas. Y no existe mejor ejemplo que el del tabaco ilegal. Comprar cigarrillos a bajo precio en la calle o negocios informales puede resultar a primera vista atractivo, porque cuestan una fracción del valor de una marca legal que se adquiere en un comercio establecido, pero los daños individuales y colectivos resultan ser mucho mayores. 

Las consecuencias del cigarrillo en la salud pública han generado un debate sobre el tabaco que ha llevado a gobiernos y organizaciones multilaterales a imponer medidas de cesación que han demostrado ser insuficientes para conseguir que los consumidores abandonen el hábito de fumar. Y es que, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, del total de los fumadores que tiene intención de dejar este hábito, el 34% lo intenta cada año y solo el 7% lo logra.   

Desde esa vereda, los gobiernos buscan prevenir y reducir la tasa de fumadores. Sin embargo, cuando la regulación es extrema y prohibicionista, desafortunadamente se genera el efecto contrario: un comercio ilegal basado en productos de tabaco baratos, sin control de calidad y no regulados, que debilitan los esfuerzos por reducir el número de fumadores y por evitar que los menores de edad se inicien en su consumo.  

Eliminar el comercio ilegal de productos de tabaco es, entonces, doblemente importante en este contexto, porque para alcanzar un mundo sin cigarrillos, también tenemos que ayudar a asegurar un futuro sin comercio ilegal de tabaco. 

EL COSTO PARA LOS GOBIERNOS

De acuerdo con cifras de la OCDE, en 2016 el volumen de comercio internacional de productos falsos y piratas creció hasta alcanzar los US$509 mil millones. Esto representa un 3.3% del comercio global.  

Los números del comercio ilícito de tabaco que derivan de esa cifra global no son menos impactantes: INTERPOL estima que el comercio ilegal de cigarrillos representa el 11.6% del consumo global. Esto equivale a 657 mil millones de cigarrillos al año. En tanto que la OMS también ha estimado que entre 10-12% de los cigarrillos en todo el mundo son ilegales. Esto le cuesta a los contribuyentes y gobiernos en todo el mundo entre US$40 y US$50 mil millones cada año. 

América Latina se enfrenta a un reto común –el comercio ilegal de cigarrillos– que representa una fuente significativa de ingresos para el crimen organizado y amenaza la seguridad nacional y la salud pública. 

¿Cuál es el origen? El 75% de los cigarrillos ilegales corresponde a marcas de contrabando. 66% de este contrabando proveniente de Paraguay. El resto proviene de China (9%), India (7%), Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay (alrededor de 3% cada uno). Canadá representa el 15% del consumo ilegal regional, y es mayormente originado en las reservas de las Naciones Originarias. El restante 10% corresponde a evasión fiscal de fabricantes locales en Argentina, Brasil y México. 

De acuerdo con cifras de la OCDE, en 2016 el volumen de comercio internacional de productos falsos y piratas creció hasta alcanzar los US$509 mil millones. Esto representa un 3.3% del comercio global. 

Ecuador y Panamá son los países donde se registra el mayor consumo porcentual de cigarrillos ilegales, alcanzando a finales de 2018 valores superiores al 70% del consumo total. El consumo de cigarrillos ilegales también aumentó en otros países de la región: Colombia, por ejemplo, tenía una incidencia de 13% en 2016. En 2019, y luego de haberse triplicado el valor del impuesto fijo, el mercado ilícito de cigarrillos alcanzó el 30%.  

Pero el comercio ilegal de cigarrillos también tiene fuertes conexiones con el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. Las altas ganancias combinadas con los bajos riesgos y sanciones lo hacen cada vez más atractivo para los criminales: el producto es altamente rentable, fácil de transportar, sujeto a escasos controles, y las sanciones -cuando se aplican- son mucho más laxas que las sanciones para otros crímenes, como el narcotráfico. 

De hecho, quince de las principales organizaciones terroristas del mundo regularmente recurren a los cigarrillos ilegales para su financiación, según el Centro para el Análisis del Terrorismo de Francia. 

En América Latina, si bien la mayor fuente de cigarrillos ilegales es Paraguay, resulta de particular preocupación para la región la actual vulnerabilidad de las Zonas de Libre Comercio, destacándose la Zona Libre de Colón (Panamá). Estos establecimientos libres de impuestos, que se desarrollaron originalmente para mejorar el comercio global y el libre flujo de mercadería, se han convertido sin embargo en un lugar preferido de contrabandistas para ingresar ilegalmente sus productos en países de la región.  

Para los expertos del sector, las autoridades deben ejercer una mayor supervisión y control de las actividades en estas zonas: se debería alentar a las autoridades aduaneras a que supervisen los controles periódicos en las Zonas de Libre Comercio y apliquen los mismos controles y sanciones para las actividades ilícitas que las que se aplican en todo el territorio nacional. Los países deberían exigir a los operadores de estas zonas que lleven a cabo una diligencia debida exhaustiva de cualquier entidad que tenga la intención de operar en la cadena de suministro de tabaco dentro de su zona.

LA DOBLE APUESTA DE PMI

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 habrá más de mil millones de fumadores en el mundo. Y cada año mueren ocho millones de personas por causas vinculadas con el tabaquismo, además de las enfermedades crónicas que provoca. 

Elevadas cifras que, sumadas a la tendencia de consumidores que cada vez buscan soluciones menos dañinas, ha hecho que surja una nueva generación de productos alternativos al cigarrillo, entre los que destacan las alternativas libres de humo.  

La apuesta de Philip Morris International (PMI) entonces, es doble. No solo busca alternativas viables y seguras para reducir el consumo de tabaco tradicional, sino que, además, continúa comprometida en el combate al comercio ilícito de productos de tabaco: desde las redes criminales que pasan cigarrillos de contrabando a través de las fronteras, hasta las operaciones ilegales en zonas francas mal controladas.  

“Miles de millones de cigarrillos ilegales son comercializados por grupos criminales no sólo en nuestra región, sino en el mundo entero. Estas elevadas cifras plantean graves problemas para la salud, la seguridad pública y la economía, ya que afectan al consumidor y generan pérdidas económicas a los gobiernos”, explica Mario Masseroli, presidente de Philip Morris International (PMI) para América Latina y Canadá. 

Por eso, una de las principales prioridades de la compañía, a nivel global, es erradicar el comercio ilícito de tabaco, amparándose en una estrategia integral que canalice esfuerzos de distintas áreas, y también la colaboración con otros sectores del ámbito público y privado. “Se requieren alianzas significativas, que reúnan los conocimientos y las experiencias de todas las partes interesadas relevantes, incluidos los responsables políticos a nivel nacional, las organizaciones internacionales, las autoridades de aplicación de la ley y la industria tabacalera legítima”, reafirma Masseroli. 

Y las iniciativas son muchas y variadas. En PMI existe un equipo global de profesionales de prevención contra el comercio ilícito, que busca asegurar fuertes controles en la cadena de suministros, aumentar los niveles de concientización sobre las consecuencias del comercio ilegal de tabaco, y desarrollar soluciones integrales y a largo plazo contra este flagelo. 

Pero ninguna industria o gobierno puede enfrentar este problema por sí solo. “Por ello, consideramos necesario abrir un diálogo entre las fuerzas de seguridad, la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado”, agrega el presidente regional de PMI. 

PMI trabaja con autoridades gubernamentales para promover acciones contra el comercio ilegal: la compañía ha firmado acuerdos de cooperación con autoridades aduaneras y gobiernos en diversos países alrededor del mundo, como parte de sus esfuerzos concertados para accionar contra el comercio ilegal. 

Además, PMI es muy riguroso en esta materia, mediante su política de «Conozca a su Cliente» con el fin de hacer negocios exclusivamente con entidades que compartan sus estándares de integridad y prácticas comerciales éticas. Este trabajo se hace extensivo a los clientes de la firma, para que sean igualmente minuciosos cuando realizan transacciones con sus socios comerciales. 

“Finalmente, existe un permanente intercambio de información y formación con agencias de fuerzas de seguridad gubernamentales, ofreciendo entrenamientos técnicos sobre cómo identificar productos falsos y de contrabando, lo que permite a las fuerzas de seguridad y a las autoridades encontrar, rastrear, confiscar y destruir los productos de tabaco ilícitos”, concluye Masseroli.  

El desafío y las herramientas existen. Ahora también se requiere que se concrete una colaboración efectiva entre todos los sectores de la sociedad, incluyendo los consumidores, gobiernos y la industria. 

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