Brasilia. Los trabajadores de la estatal brasileña de energía Eletrobras iniciaron este lunes una huelga de 72 horas como "advertencia" contra el proyecto de privatización de la empresa, informó la Asociación de Empleados de Eletrobras (AEE).

Los empleados reclaman la salida del presidente de la empresa, Wilson Ferreira Junior, a quien consideran el principal mentor del proceso de privatización.

El Tribunal Superior de Trabajo concedió la legalidad de la huelga, aunque exigió que 75% de los empleados permaneciera en sus puestos de trabajo para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica.

Los líderes del movimiento garantizaron que se mantendrá la prestación de los servicios esenciales de suministro de energía sin perjuicio para los consumidores, además de que los equipos de mantenimiento y urgencia estarán a disposición en caso de emergencias.

El proceso de privatización de Eletrobras impulsado por el gobierno del presidente Michel Temer contempla la venta de las seis distribuidoras deficitarias de la compañía, así como de subsidiarias de transmisión y energía eólica.

Eletrobras representa el 32% de la capacidad instalada de generación de energía brasileña.

Actúa en la distribución en seis estados de las regiones norte y noreste, además de ser responsable del 47% de las líneas de transmisión de energía del país sudamericano.

La entidad cuenta también con plantas de varios tipos de energía como eólica, nuclear, solar y termonuclear, aunque destacan las hidroeléctricas.

Actualmente, el gobierno brasileño posee el 63% del capital total de la empresa.

El proceso de privatización de Eletrobras impulsado por el gobierno del presidente Michel Temer contempla la venta de las seis distribuidoras deficitarias de la compañía, así como de subsidiarias de transmisión y energía eólica.

El gobierno impulsa además la capitalización de Eletrobras, empresa de capital abierto que cotiza en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y Wall Strett, con la dilución de la participación estatal en la compañía.

El proceso se detuvo el mes pasado, después de que la justicia estableciera un plazo de 90 días para que gestores presenten un estudio del impacto de esta privatización.

El Ministerio de Hacienda estima que con la privatización de Eletrobras ingresarían a las arcas públicas cerca de 12.000 millones de reales (US$3.200 millones).