La ciudad de Chancay estuvo a punto de convertirse en una de las principales emisoras de Certificados de Reducción de Emisiones (CER’s, por sus siglas en inglés) del Perú, mejor conocidos como bonos de carbono. En ella se ubican botaderos de basura y, cerca de estos, chancherías que no cuentan con saneamiento básico y están asentadas al lado de humedales, los cuales, al contacto con residuos sólidos y líquidos, forman malos olores y escorrentías. Asimismo, en su litoral funcionan plantas de harina y aceite de pescado que durante las épocas de producción vierten sus efluentes, a las aguas costeras de la bahía de Chancay.

Eso no es todo. También existen otras industrias que vierten sus efluentes vía la red de alcantarillado, que luego llegan al mar acompañando cinco descargas domésticas, lo que genera un fuerte impacto sobre el ecosistema marino.

Este era el escenario perfecto para desarrollar un relleno sanitario para tratar los residuos sólidos que permitirían que las chancherías dejen de alimentar a su ganado porcino con basura y que las playas de Chancay reduzcan sus niveles de contaminación.

No obstante, los inversionistas europeos interesados en este proyecto decidieron desarrollarlo en Chile. ¿La razón? No les resultaba atractivo ya que muchos de los involucrados (como las chancherías), eran informales y no todos querían asociarse para llevarlo a cabo. Los únicos que estaban en condiciones de participar prometían emisiones mínimas poco significativas. Así, Chancay perdió la oportunidad de recibir millones de dólares por sus capturas de CO2 y de paso convertirse en una de las ciudades con un modelo de ecoeficiencia digno de imitar.

A pesar de que el Perú ocupa el sexto lugar entre los países con mayor atractivo del mundo para la venta de bonos de carbono gracias a su potencial energético y forestal -que son las áreas de explotación para proyectos de mecanismos de desarrollo limpio
(MDL)-, según la revista noruega Point Carbon apenas ha colocado el 0,07% de los certificados de ese tipo que se han emitido en el mundo.

El Perú está tan rezagado que Chile; Colombia y Ecuador lo superan con entre tres y 15 veces el número de bonos adquiridos por empresas o países por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Según Gianfranco Balestra, consultor de asesoría de negocios de PricewaterhouseCoopers, a la fecha se han emitido 284.439 CER’s en el Perú, provenientes en 95% aproximadamente del sector energético (generación de electricidad con fuentes renovables o cambio de
combustible más eficiente y menos contaminante).

“Ocupamos el puesto once a nivel latinoamericano, detrás de Brasil,
Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, teniendo menos de la mitad de lo que emitió este último país, el siguiente por sobre nosotros en posición a nivel Sudamérica”, dice. “Estamos rezagados considerando, pero esto es porque el Ministerio del Ambiente recién se creó en 2008, mientras que en países como Ecuador ya existía uno y se habían
trabajado con mayor profundidad sus proyectos”.

Según Manuel Pulgar-Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), los países industrializados están comprometidos a reducir sus emisiones de CO2 y buscan grandes proyectos que capturen gran cantidad de carbono para cumplir con sus metas de reducción. “Muchos proyectos en el Perú son iniciativas a nivel micro que no han sido bien trabajadas”, dice. “Hay que agruparlos y reempaquetarlos para hacerlos atractivos a los
inversionistas”.

Para Andrés Remezzano, gerente senior de finanzas corporativas de la consultora Deloitte Perú, son pocas las empresas que utilizan los bonos de carbono para financiar estos proyectos. “Probablemente por falta de conocimiento, pero el potencial es enorme”, dice. “ Hay algunos proyectos del sector hidroeléctrico que están en marcha y podrían ser financiados con estos bonos. Sin embargo, pocos
lo aprovechan”.

Por lo pronto, hay 21 proyectos de MDL registrados ante la junta
ejecutiva de Naciones Unidas. Nueve de estos ya están emitiendo CER’s. Además, hay 18 proyectos adicionales en etapa de validación. En total son 190 y representan una inversión de
US$12.000 millones.

“Los bonos de carbono son un mejorador financiero para que las
empresas que desarrollan proyectos limpios tengan una mayor rentabilidad”, dice Freddy Garro, coordinador del área de carbono del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam). “En el mercado internacional se paga doce euros por tonelada reducida de CO2. Antes de la crisis se pagaba hasta 20 euros”.

Ya hay claros ejemplos de la rentabilidad de este negocio para las
empresas peruanas. Es el caso de Cementos Lima, que tras el cambio
de diesel a gas natural para poner en funcionamiento su planta principal obtendría alrededor de US$3,7 millones por colocar 200.000 toneladas de carbono en el mercado spot (bolsa del carbono) en un año. Otros proyectos que han colocado bonos de carbono son las centrales eléctricas de Santa Rosa y Poechos, así como los de Palma de Espino (biocombustible) y el relleno sanitario de Huaycoloro, en Lima.

Para Gianfranco Balestra, de PricewaterhouseCoopers, la tendencia
es positiva, dado que se presentan ventajas comparativas indiscutibles
para la inversión de proyectos de MDL por parte de grupos económicos que están en países con un esquema de comercio de emisiones obligatorias como el de la Unión Europea. “Es muy probable que entre el corto y mediano plazos Estados Unidos establezca un esquema de comercio de emisiones idéntico al de la UE”, dice el especialista.

Esto definitivamente impulsaría la ejecución de estos proyectos al contar con financiamiento, que muchas veces se convierte en una
barrera para desarrollarlos.

Primeros pasos. Por lo pronto, el Estado se ha convertido en el principal impulsor de proyectos de MDL en el Perú. Actualmente cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático, mientras que el Ministerio del Ambiente viene preparando un plan de adaptación y mitigación, además de un plan de corto plazo para tener acciones inmediatas, al mismo estilo de grandes potencias
como India. Asimismo, ha designado al Fonam como el facilitador y promotor del negocio de bonos de carbono al acercar a los inversionistas con los proyectos en cartera.

No obstante, se requiere mayor participación del sector privado. Y es que antes de armar proyectos, las empresas (sobre todo las grandes)
tienen una tarea pendiente respecto de la rendición de cuentas sobre el impacto real de sus actividades en el medio ambiente.

“Las empresas no miden su huella de carbono”, dice Cecilia Rizo Patrón, directora de gestión de conocimiento de Perú 2021. “No
sabemos cuánta energía, agua y papel consumen, ni mucho menos cuánto CO2 emiten”. Si bien el Perú solo contribuye con el 0,5% de emisión de gases de efecto invernadero, toda empresa socialmente
responsable debería en la práctica reportar los efectos que produce sobre el ambiente.

Por lo pronto, el Banco de Crédito del Perú (BCP) se ha convertido
en la primera empresa peruana que se unió al Carbon Disclosure Project (CDP), una de las mayores fuentes de información sobre las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero de las principales empresas del mundo, comprometiéndose a publicar anualmente información transparente sobre su impacto en el medio ambiente. Asimismo, gracias a una fuerte política de gestión ambiental que viene aplicando entre 2008 y 2009 logró reducir en 10% sus emisiones de CO2.

De otro lado, la medición de la huella de carbonode las empresas abre las puertas para obtener financiamiento. Y es que el CDP
representa fondos de inversión por US$57.000 millones pertenecientes a grandes empresarios que solicitan información sobre lo que vienen haciendo diferentes firmas para mitigar sus emisiones de gases invernaderos.

Esto se publica en un reporte anual que está disponible para los inversionistas socios del CDP. Actualmente hay 4.500 empresas adheridas, de las cuales 50 están ubicadas en América Latina.

Según Freddy Garro, del Fonam, las mineras también están trabajando en mecanismos y procesos para medir su huella de carbono y obtener una certificación internacional que posteriormente les permita desarrollar proyectos de MDL y reducir la emisión de CO2.

Por ejemplo, la minera Barrick construye el parque eólico Punta Colorada en Chile, con una inversión de US$70 millones que aportará 36 MW de potencia al Sistema Interconectado Central (SIC) chileno. Este proyecto contempla la obtención de bonos de carbono en
reemplazo de la energía generada con combustibles fósiles. En el Perú, la minera canadiense también evalúa la posibilidad de desarrollar proyectos que emitan bonos de carbono.

De esta forma, el cambio climático representa una gran oportunidad para las empresas y para el país, siempre y cuando se manejen buenos y estructurados proyectos de MDL. El reto es colocar bonos de carbono que representan el financiamiento de proyectos que no solo significan mayor inversión para el país, sino un arma poderosa para detener el calentamiento global.