Un juzgado argentino ordenó el embargo preventivo sobre bienes muebles o semovientes de Petropar y el secuestro del combustible transportado al Paraguay.

Asunción. El reclamo judicial fue promovido por trabajadores contratados por la proveedora argentina Texos Oil SRL, empresa codemandada junto a Petropar, que había ganado una licitación convocada por la estatal, en diciembre de 2009, para el transporte de combustibles vía terrestre.

Petropar le había notificado entonces por escrito a la proveedora Texos que resultó adjudicada en el proceso por haber presentado la menor oferta, pero inexplicablemente la administración del entonces titular del ente Juan Alberto González Meyer lo dejó sin efecto.

Para este operativo, la empresa había contratado 260 camiones con sus respectivos choferes, además de tanques, entre otras inversiones, pero repentinamente la adjudicación fue cancelada por la petrolera paraguaya, a pesar de las recomendaciones en contrario de la propia Contraloría y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

En ese entonces se supo que Petropar había anulado la licitación, porque si aceptaba los menores precios ofertados por Texos, las autoridades de la estatal quedarían en evidencia de los altos precios que entonces venían pagando a Pdvsa, y porque también si adjudicaban a la proveedora argentina dejarían de beneficiar a la fletera “amiga” Fluviomar/Conosur, que realizaba el transporte casi en exclusivo de las operaciones encaradas por la petrolera venezolana.

Qué dice la resolución. La disposición judicial ordena, una vez notificadas las autoridades migratorias y fronterizas argentinas ubicadas en los límites con Paraguay, proceder a interceptar los bienes muebles o semovientes que sean fletados por cualquier medio a Petropar, ya sea en transporte marítimo, terrestre o aéreo.

Así facultaron a diligenciar el oficio, por lo que requisarán el combustible de Petropar y lo pondrán a disposición del juzgado, para luego ser rematado, si es que no se llega a un acuerdo.

Cabe recordar que los juicios laborales son mucho más ágiles en relación a los casos civiles y otros.

¿Por qué en Junín?. Este juicio se promovió en Junín porque en esta provincia residen algunos de los trabajadores contratados para este operativo que jamás se concretó, y el proceso judicial debe instaurarse en el lugar de domicilio del empleado.

El monto reclamado en uno de los casos es de US$ 80.000, a lo que deberán sumarse los más de 200 empleados que se encuentran en la misma situación, con lo que el reclamo treparía a más de US$ 200 millones.