Santiago. Un tribunal ambiental chileno acogió por unanimidad un reclamo de la dueña del controvertido proyecto de hierro y cobre Dominga, de US$ 2.500 millones, lo que da respiro a la iniciativa que ha estado dilatada por varios años.

Andes Iron, propietaria del proyecto a construirse en el norte del país, logró que la Corte Suprema pidiera al tribunal especializado revisar los aspectos técnicos que llevaron al rechazo de un comité de ministros del gobierno anterior, en 2017.

"El rechazo del proyecto por el Comité de Ministros contradice el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) al refutar los cuestionamientos técnicos por lo que se acoge la reclamación del titular del proyecto", dijo la resolución del tribunal.

La sentencia anula la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental de la norteña región de Coquimbo, que calificó desfavorable el estudio ambiental y ordena retrotraerlo a la etapa de votación por parte de la comisión evaluadora.

Quienes se oponen a la iniciativa denuncian que Dominga, que se ubicaría 60 kilómetros al norte de la central ciudad de La Serena -cerca de reservas ecológicas-, causaría un grave daño ambiental en la región.

El presidente de la gremial minera Sonami, Diego Hernández, calificó de "buena noticia" la decisión ya que permitirá ser revisado debidamente.

Dominga "ha pasado por un excesivo período de tramitación y que, no obstante, haber cumplido con todas las exigencias que la autoridad ambiental le ha hecho, después de diversos procesos considerados en la legislación, aún no cuenta con la certeza de que pueda llegar a materializarse", afirmó Hernández.

Los alegatos del caso ante el tribunal ambiental se habían presentado en marzo del año pasado.

"Los antecedentes aportados por la empresa en el proceso de evaluación ambiental son completos, según los estándares existentes a la época de su evaluación y, si bien existen puntos que la empresa debe complementar, éstos pueden realizarse en el marco del proceso de evaluación", dijo el fallo.

El proyecto adquirió matices políticos, ya que mientras algunos denunciaron una vinculación inicial del proyecto con el presidente Sebastián Piñera, otros señalaron que el proyecto se ubica cerca de terrenos de propiedad de la expresidenta Michelle Bachelet.