El Tribunal Supremo ha decidido condenar al actual consejero delegado del Banco Santander SA (STD), Alfredo Sáenz, a ocho meses de prisión y una pena de inhabilitación por intento de estafa procesal y acusación falsa contra unos deudores de Banco Español de Crédito SA (BTO.MC), de la que fue presidente tras la intervención en 1993.

Fuentes jurídicas dijeron a Efe que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó hace tres semanas endurecer la pena que había impuesto la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre de 2009 a Alfredo Sáenz, entonces condenado a 6 meses de prisión por el delito de acusación y denuncia falsa pero absuelto del de intento de estafa procesal.

Sáenz jugó un papel importante a la hora de convertir el banco en un gigante bancario mundial, supervisando sus adquisiciones transfronterizas en la última década, incluidos acuerdos históricos como la compra en 2004 de Abbey o la adquisición en 2007 del brasileño Banco Real.

La sentencia, que aún no ha sido redactada, se dará a conocer previsiblemente a finales de enero, lo que obligaría a que Alfredo Sáenz cese de forma inmediata como consejero delegado del Santander.

En cambio, el directivo no tendrá que ingresar en prisión, dado que la pena impuesta por el Tribunal Supremo es inferior a los dos años, tal y como adelantó el lunes el periódico El Mundo.

La deliberación en el seno del Alto Tribunal no ha estado exenta de incidentes, ya que se ha sustituido al magistrado que estaba encargado de redactar la sentencia, José Manuel Maza, después de que hubiera rechazado el fallo y tuviera previsto emitir un voto particular, igual que otro de sus compañeros.

La pena de inhabilitación especial puede ir de tres meses a 20 años, aunque lo normal es que prive al condenado del ejercicio de sus cargos durante el tiempo de la condena.

Banco Santander, en el artículo 24 de su Reglamento del Consejo de Administración, tiene establecido el proceso que se ha de seguir para sustituir a sus máximos responsables o a miembros de su principal órgano de decisión.

El artículo establece que en el supuesto de cese, anuncio de renuncia o dimisión, o bien incapacidad de los miembros del consejo, el presidente del grupo, Emilio Botín, o el vicepresidente de mayor rango convocarán a la comisión de nombramientos y retribuciones.

El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos.