El gobierno uruguayo se propone aumentar el Impuesto Específico Interno (Imesi) a las bebidas alcohólicas como parte de su proyecto para regular el consumo problemático de la población y disminuir los actuales niveles de comercialización que están por encima de la media mundial. Así lo recomendaron los técnicos que trabajaron en el tema al Poder Ejecutivo. La fórmula impositiva no está definida pero una de ellas es establecer porcentajes de aumento del Imesi según la graduación alcohólica de las distintas bebidas.

De prosperar ese camino, el whisky, el espinillar, la grapa y el vodka entre otras bebidas tendrán una carga tributaria mayor, que se trasladará al precio que pagan los consumidores.

Esa fórmula, que se sigue en algunos países, busca desalentar el consumo.

Además, los técnicos sugirieron quitar la protección que tiene el vino –una de las bebidas alcohólicas más vendidas en el país– pero el presidente José Mujica no lo comparte, según supo El Observador de fuentes oficiales y privadas. Las bebidas alcohólicas más vendidas en Uruguay son la cerveza, el whisky y el vino. En el período pasado, cuando Mujica era ministro de Agricultura peleó políticamente para que el vino no tributara Imesi, como forma de ayudar a las bodegas y asentar a más gente en el interior en un sector que le cuesta encontrar su rentabilidad. Además del Imesi, las bebidas pagan el Impuesto al valor agregado (IVA).

Un informe de la Junta Nacional de Drogas (JND) titulado “Propuesta estratégica para la reducción del uso problemático del Alcohol en Uruguay”, y que fue presentado esta semana en Salto, estableció la necesidad de incidir “en el precio y los impuestos” de las bebidas alcohólicas. Según el documento al que accedió El Observador, se menciona “un impuesto adicional para financiar la estrategia”. El objetivo es “cambiar el patrón de consumo para que haya menos abuso, menos menores tomando y para que bajen los accidentes laborales y de tránsito”, dijo a El Observador Héctor Suárez, responsable del Observatorio Uruguayo de Drogas. El consumo problemático de alcohol, que alcanza a 260.000 personas, se vincula directamente con la violencia familiar y con los accidentes de tránsito.

Una de las clave del proyecto de control de consumo será la “efectiva fiscalización” para lo cual se creará la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas que trabajará junto a las intendencias, el ministerio del Interior y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que son hoy los encargados de los controles.

En líneas generales, el proyecto de ley, que este viernes 31 de agosto llegó a Presidencia de la República, propone prohibir el consumo en lugares públicos como la rambla, playas o parques, para atacar esa adicción.

El presidente de la JND, Julio Calzada dijo este viernes a Subrayado que “se regularán los contextos de consumo” y “se puede contemplar la prohibición” de consumir en la vía pública “como ocurre con el tabaco”.

En julio pasado, cuando El Observador presentó un informe sobre abuso del alcohol, Ruben Ordoqui, director de Fábricas Nacionales de Cerveza opinó que el énfasis no debe estar en la restricción sino en realizar un trabajo a nivel social. “Si en un lugar donde había cuatro expendios de alcohol le dan la licencia a uno, la gente va a ir a ese y el consumo se va a mantener”, dijo. Mencionó que Australia e Inglaterra, tienen restricciones y son los mayores consumidores de cerveza del mundo.

El proyecto del gobierno también establecerá limitaciones a los contenidos publicitarios para lo cual se hablará con la Cámara de Anunciantes y la Industria de la bebida, y habrá “contra publicidad” para dirigir mensajes claros a la población sobre los efectos que produce consumir bebidas alcohólicas.

El proyecto propone también un sistema de “licencias” o permisos que deberán obtener los establecimientos que sean autorizados a vender alcohol. Uno de los detalles que se debate es si esas licencias tendrán un costo que deberán pagar los comerciantes. Actualmente hay un puesto de venta cada 94 habitantes e incluso están ubicados frente a liceos, comentó un jerarca del gobierno que trabaja en el tema.

Por otro lado, se establecerá una franja horaria para la venta en los comercios de la que estarán exentos los restaurantes y bares. Para la Organización Mundial de la Salud una reducción de horas o días de venta hace disminuir el número de problemas relacionados al alcohol.

Los que infrinjan la norma estarán cometiendo una falta, no un delito, y serán sancionados con una multa. Los comercios que no respeten la ley, y por ejemplo vendan a menores, enfrentarán amonestaciones, multas, la pérdida de la licencia y hasta la clausura del local.

El proyecto del gobierno cuenta con el respaldo del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Afines del Uruguay (Cambadu). Su presidente, Mario Menéndez, dijo a El Observador que consumir alcohol en la calle “es una vergüenza ciudadana” y está convencido que las restricciones propuestas pondrán “orden” y “ayudarán a la juventud”.

En Uruguay, según datos oficiales, se consumen 180 millones de litros de bebidas alcohólicas por año lo que ubica al país entre los de mayor consumo a nivel internacional.

La edad promedio en que la población se inicia en el consumo es a los 16,6 años pero la edad de “moda” a la que se empieza a tomar es a los 15, de acuerdo a un relevamiento de la Junta Nacional de Drogas.