Montevideo. La asociación del Estado uruguayo con privados para la ejecución de proyectos de infraestructura contará con tribunales específicos para dirimir eventuales controversias, al tiempo que se acotará la actuación del Tribunal de Cuentas (TC).

La apuesta fuerte que el gobierno realiza a la concreción de ambiciosas obras de infraestructura durante este período tendrá en la alianza pública-privada a una de sus herramientas claves, según han señalado miembros del equipo económico en varias oportunidades. Ayer, en el programa “Claves Económicas” de Nuevo Siglo TV, el subsecretario de Economía, Pedro Buonomo adelantó parte de los mecanismos que se podrán en práctica para materializar esa idea.

“En esta ley estamos tratando de definir un sistema de resolución de controversias ‘ad hoc’, que plantea un tribunal específico para cada proyecto, que pueda laudar de acuerdo a normas técnicas y que esa norma o ese laudo sea obligatorio para ambas partes” señaló el jerarca.

“De esa manera, tanto los privados como el Estado que ingresan en este tipo de asociaciones o contratos van a tener un marco más claro, una previsibilidad, van a poder ir a renegociar con mayor amplitud, y eso va a ser más eficiente” agregó.

En tanto, el TC verá acotado su margen de acción limitándose únicamente a aspectos jurídicos y omitiendo consideraciones en cuanto a la conveniencia de los proyectos según Buonomo.

Incentivos. El proyecto de ley que modificará los mecanismos de asociación entre el Estado y el sector privado intenta generar “reglas más claras y los incentivos adecuados” para concretar las inversiones.

“En este proyecto de ley estamos definiendo claramente cuáles son los mecanismos de adjudicación, cuánto van a pesar las ofertas económicas, cuáles son los tipos de mecanismos que se pueden utilizar, ya sea remate, de manera de tener más previsibilidad y tener más claro cuáles son los mecanismos de adjudicación”, explicó el subsecretario.

La aprobación de los nuevos mecanismos no implicará la derogación del marco existente. La existencia de una vía más efectiva implica que por la vía de los hechos la modalidad más eficiente se imponga en detrimento de la anterior. Ésta, es además otro de las claves por la que pasará la reforma del Estado.