Montevideo. Autoridades uruguayas resaltaron este viernes la importancia para la salud y la economía de la ratificación del Protocolo internacional para la eliminación del comercio ilícito de los productos de tabaco.

La ministra de Salud, Susana Muñiz, dijo que el contrabando de tabaco trasciende los perjuicios sanitarios asociados al cigarrillo, porque "hay un daño económico" para el país, a la vez que el tabaco ilícito "no está controlado ni regulado".

En ese sentido, destacó que en la última década y con la prohibición en 2006 de fumar en lugares públicos cerrados se redujo 10% el consumo de cigarrillos en el país.

"Es una política muy exitosa que ha determinado que disminuyan los infartos al miocardio", destacó Muñiz.

Por eso, ratificó las políticas antitabaco en momentos en que la tabacalera Philip Morris demanda a Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM) argumentando que dañan su propiedad intelectual.

"Por mucho que las tabacaleras ganaran el litigio contra el país, Uruguay no va a dar marcha atrás en todas las medidas, porque en realidad es mucho más caro que la gente se enferme y se muera precozmente que pagar un litigio", enfatizó la ministra.

El Protocolo internacional para la eliminación del comercio ilícito de los productos de tabaco fue aprobado en 2012 y lo han firmado 50 países y ratificado otros cinco, entre ellos Uruguay.

El Parlamento uruguayo lo ratificó por unanimidad de ambas cámaras en agosto de 2014.

En el texto se obliga a los Estados a tomar medidas con vistas a lograr un control efectivo de la cadena de suministro de los productos de tabaco y cooperar a nivel internacional en una amplia gama de asuntos.

Implica disposiciones destinadas a garantizar el control del suministro como la concesión de licencias a quienes elaboran tabaco, las medidas de seguridad y de prevención así como medidas relacionadas con la venta en internet y otros sistemas de comunicación.

También prevé la creación de un sistema de seguimiento y localización de todos los productos de tabaco que se fabriquen o importen en el territorio.

Asimismo, prohíbe entremezclar tabaco con otros productos distintos en un mismo contenedor o cualquier otra unidad de transporte similar al momento de sacar la mercancía de zonas francas.